Practicidad. Que sus decisiones sean, además de firmes, ejecutables. Que exista respeto a sus leyes en los demás poderes públicos. La nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN) tendrá el reto de sobrevivir con un Gobierno que, en uno de los peores casos planteados, durará hasta el 2018; y que ha amenazado con disolver el poder Legislativo en varias ocasiones. El Gobierno se encargó por un año de quitarle validez a decisiones parlamentarias tras las elecciones del 6 de diciembre de 2015.
Es probable que esta nueva AN sufra igual la falta de institucionalidad. “Es muy probable, mientras se mantenga este Gobierno”, observa Simón Calzadilla, segundo vicepresidente saliente de la AN. La gran dificultad del Ejecutivo es que ha cometido tantos desmanes en el ejercicio de la administración pública que no quiere reconocer a un parlamento opositor que escrute sus actuaciones de manera independiente. “Ya no tienen cómo rendir cuentas. Hacerlo es delatarse”.
¿Entonces qué hará la oposición, desde la AN, para salir de lo que ya algunos de sus partidos califican abiertamente como una dictadura? Calzadilla prefiere guardar silencio. Será anunciado en unidad. “Soy enemigo de las posiciones adelantadas de los liderazgos”. La estrategia sobre los diputados de Amazonas y su desincorporación —solicitada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y detonante del conflicto de poderes—, también será anunciada en las próximas horas.
Los diputados opositores están listos para el acto de instalación. Prevén lo peor. “Lo único que tenemos que hacer es lo que hemos hecho: seguir resistiendo, avanzando en el marco del reglamento, la Constitución, y el mandato del pueblo el 6 de diciembre”. Fue lo que hicieron el año pasado y lo que harán, dijo. “Ahora, si hay golpe de Estado, los términos de la acción política cambian radicalmente”.
Los artículos 236 y 240 de la Constitución facultan al presidente para disolver la AN. El primero, como parte de sus funciones inherentes. El segundo artículo como consecuencia de la remoción del vicepresidente ejecutivo por el Legislativo en tres oportunidades durante un mismo mandato.
En febrero de 1999 el expresidente Chávez amenazó con disolver el Legislativo. Su idea era la de una Asamblea Nacional Constituyente para restablecer los poderes. “Si el congreso está pensando, yo no quiero ni creerlo, en remover al consejo electoral por el solo hecho de cumplir con su obligación legal (hacer referéndum por decreto presidencial), estaría el congreso saliéndose de la ley. Entonces habría que disolverlo” dijo el fallecido presidente.
La sesión que juramenta la nueva directiva del parlamento está pautada para las 11:00 a.m. de este jueves 5 de enero. Las acreditaciones para la prensa están listas. Los demócratas pensarían que muy difícilmente será torpedeado el acto protocolar. Pero como una sombra, los rumores de la aparición de grupos violentos del chavismo están presentes.
El pasado 23 de octubre el hemiciclo fue tomado por grupos chavistas. El alcalde de Caracas y miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, fue visto en el jardín del Palacio Federal Legislativo dando instrucciones al grupo de personas vestidas de rojo. Luego aclaró que les estaba pidiendo que se retiraran. Hubo heridos y la sesión debió suspenderse tras su toma violenta.
La fracción del Gran Polo Patriótico (Gobierno) aclaró que asistirá al acto mañana, confirmó Calzadilla. “Esperemos que todo se dé como debe darse, en sana paz y absoluta normalidad. Este año que pasó tuvimos momentos muy tensos y condenables desde el punto de vista democrático”. Para el presidente del Movimiento Progresista hay una aspiración: que no se retome el amedrentamiento a través de personas indeseables.
En 3 de enero de 2016 se suscribió un acuerdo de gobernabilidad en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Allí se repartió entre los partidos los cargos dentro de la AN. Según el documento para este segundo año la presidencia recaerá en Julio Borges, de Primero Justicia. La secretaría, que corresponde a La Causa R, será ocupada por José Ignacio “El Chato” Guedez. El abogado José Luis Cartaya estará en la subsecretaría. “Voluntad Popular está terminando de ajustar su nombre en la primera vicepresidencia”. La segunda vicepresidencia, de Acción Democrática, también se definirá esta tarde, dijo en exclusiva.
CAMINO DE PIEDRAS
Hay 11 manchas en la gestión de la AN en 2016, luego que retornara a manos de una fuerza distinta al chavismo en 17 años. El TSJ calificó en “desacato” de la Constitución al parlamento. En consecuencia dictó más de una decena de decretos que declararon sin efecto jurídico ni validez actos parlamentarios. Solo una ley, la que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las cárceles, fue aceptada por el máximo tribunal del país.
Al parlamento se le ha saltado en sus funciones. “Nadie me va a maniatar, nadie me va a detener. Porque nadie va a maniatar el poder de un pueblo”, dijo el presidente Nicolás Maduro en octubre de 2016 cuando anunció que presentaría el presupuesto de la nación ante el TSJ y no ante el hemiciclo de diputados, como lo manda el artículo 187 de la Constitución.
Ha sido sobrevivencia. No solo en términos políticos. La AN no recibió un centavo para su funcionamiento en el año, dijo Calzadilla vía telefónica. Los diputados tienen 12 semanas que no cobran. Ha sido una situación difícil de superar. “Puede que las leyes que hagamos ahora no tienen validez, pero van a tener plena vigencia cuando se restablezca el estado de derecho”.
Henry Ramos Allup, presidente saliente de la AN, fue claro sobre la nueva junta directiva y su relación con el Gobierno. “La tienen que respetar. Maduro y sus secuaces se comportan como si fueran dueños del Estado, de la Gaceta Oficial. Tienen que respetar la voluntad popular” sobre los rumores que no sería publicada la designación en gaceta.
