Investigación sobre Venezuela en la CPI depende por lo pronto de tres jueces
/ Foto: Cortesía (Tal Cual)

En fecha 20 de abril, la Corte Penal Internacional (CPI) publicó un comunicado en su página web en el que señala que el fiscal Karim Khan solicitó a tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I —que llevan el caso Venezuela— continuar con la investigación, con base en el Estatuto de Roma, debido a que “Venezuela no adjunta ningún material de respaldo”.

Señala el diario Tal Cual que ese material de respaldo, que debía entregar la administración de Nicolás Maduro hasta el pasado 16 de abril, agregaría avances en investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos.

Por lo pronto, el ente sólo tiene a mano los nueve informes que presentó previamente a la Fiscalía “desde 2020 durante el examen preliminar de la situación y posteriormente”, señala el fiscal, de origen británico, sobre la respuesta del Gobierno a través del canciller Félix Plasencia.

En todo caso, con el material con que cuenta, la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) tiene dos opciones: autorizar o no el seguimiento de la investigación. Señala el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, que esta decisión puede tomarse en días, semanas o meses. “No hay un lapso establecido”.

El chavismo podría intentar dilatar el procedimiento

Uno de los escenarios que prevé Daniels es que la administración de Maduro dilate el proceso con solicitudes directas ante la Sala, cuestión ya había ocurrido con la anterio fiscal Khan Fatou Bensouda, cuando se introdujo una solicitud de control judicial por supuesta parcialidad y poca cooperación entre las partes durante la etapa de examen preliminar.

“Seguramente introducirán nuevos escritos ante la Sala complementando lo que entregaron al fiscal. Luego de eso le queda a la Sala decidir (…) Sería bastante sorprendente que no lo autorizaran, pues la Sala tendría que decir que en Venezuela sí se está haciendo justicia mientras el fiscal ha dicho exactamente lo contrario. Al final, en la Corte Penal, el peso de la Fiscalía es muy importante”, aclara el director de Acceso a la Justicia.

En este punto coincide Mariano de Alba, experto en derecho internacional y consultor de Crisis Group. “Habrá que ver si en la tramitación de la incidencia las autoridades de Venezuela aportan mayor documentación que convenza a la Sala de Cuestiones Preliminares que se difiera la investigación. Pero en estas circunstancias, es más probable que la Sala autorice la continuación”.

Otra cuestión importante, y que resalta de Alba, es la posibilidad de que la SCP reciba a los representantes legales de las víctimas a solicitud del mismo fiscal Khan.

Tres jueces a cargo del caso venezolano

Lo cierto es que la CPI está compuesta de varias Salas de Cuestiones Preliminares (SCP), que se encargan de revisar las actuaciones de la Fiscalía. Y para el caso venezolano están asignados los jueces Péter Kovács, quien preside la SCP, Reine Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera.

Investigación sobre Venezuela en la CPI depende por lo pronto de tres jueces
Los jueces Péter Kovács, quien preside la SCP; Reine Alapini-Gansou; y Socorro Flores Liera / Foto: Cortesía

Kovács, originario de Hungría, formó parte de la Corte Constitucional de Francia y además sirvió como diplomático. En marzo de 2015 fue incorporado plenamente a la CPI, tras el proceso de selección de ese año, y actualmente participa en más de 20 casos tanto en SCP como en Salas de Primera Instancia.

La jueza Reine Alapini-Gansou, originaria de Benin, presidió la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y además fue Relatora Especial de Naciones Unidas -donde ha desempeñado diversos cargos- sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en África.

Tras ser electa en diciembre de 2017, inició funciones como jueza de la CPI en junio de 2018. En la ONU también formó parte de la Corte Permanente de Arbitraje.

Una jueza latinoamericana

En cuanto a la jueza Socorro Flores Liera, de nacionalidad mexicana, asumió sus funciones en mayo de 2021. Ejerció como diplomática de su país, especialmente como representante permanente ante Naciones Unidas y otras organizaciones con base en Ginebra. Fue vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos en el año 2020.

Estuvo muy involucrada en el proceso que condujo a la creación de la Corte Penal Internacional desde 1995, incluyendo en particular las negociaciones que condujeron al Estatuto de Roma y a la adopción de los Elementos de los Crímenes y Reglas, de Procedimiento y Prueba. Posteriormente se desempeñó como la primera Jefa de la Oficina de Enlace de la Corte en las Naciones Unidas en Nueva York, coordinando los contactos entre las dos organizaciones”, destaca la Corte en su página web.

Con información de Tal Cual.




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