Más de 14 mil 500 personas murieron por la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado desde 2016 y hasta la fecha, según señala el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MULFVEN), entidad que dirige el investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y profesor de Criminología de la misma casa de estudios Keymer Ávila.
En esta organización, que se define como un esfuerzo interdisciplinario que aporta información detallada, investigaciones y análisis sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, con especial énfasis en las muertes generadas por su intervención, Ávila asegura que los datos que manejan se basan en cifras oficiales disponibles.
"Sólo entre 2016 y 2018, unos 15 jóvenes murieron diariamente a manos de la policía. Para el año 2018 esto representaba una tasa de 16,6 muertes por intervención de la fuerza pública por cada 100 mil habitantes, una cifra superior a la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo", explicó el investigador entrevistado por el sitio web Infobae.
En términos generales, según esta misma información oficial, el porcentaje que ocupan estas muertes dentro de los homicidios en Venezuela es también cada vez mayor: en 2010 era apenas de un 4%, y ocho años después llegó a 33%. Es decir, uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.
Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil, este tipo de casos apenas ocupan entre el 9% y el 11% de sus homicidios. Entre 2017 y 2018, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces su población: Brasil, 9 mil 920 muertes; Venezuela, 10 mil 285.
Los cuerpos de seguridad más letales
Ávila dijo que, de manera tradicional, por décadas, el cuerpo de seguridad más letal del país ha sido el Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), su hegemonía en ese sitial solo se ha visto disputada a partir del año 2019 por la PNB (Policía Nacional Bolivariana), luego de las prácticas de su división FAES (Fuerzas de Acciones Especiales).
"Estos dos cuerpos nacionales abarcan aproximadamente el 60% de los casos de muertes por intervención de la fuerza pública en el país, seguido de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), principalmente representada en la GNB (Guardia Nacional Bolivariana)", explicó.
En cuanto a los estados con mayor cantidad de casos, este es un fenómeno principalmente urbano, que se da mayoritariamente en las principales ciudades del eje norte costero del país. Los estados que ocupan los porcentajes más altos de casos son Miranda, Zulia, Distrito Capital y Aragua. Estos cuatro estados suman casi el 60% de los casos en todo el país y suelen también presentar las tasas más altas.
Datos "brutales"
Señala que en el caso venezolano, cuando se compara con sus propios datos históricos así como con los países vecinos, se muestra como un fenómeno de suma gravedad. "Son datos brutales. Sin embargo, llega el momento en que la cifra se banaliza, parece no decirle nada a la gente", lamentó.
Explica que, en parte porque las víctimas son los "nadies", los jóvenes racializados de los barrios, que no son sujetos ni para el gobierno ni la oposición ni para muchos sectores de la sociedad civil; éstos, lamentablemente, son sólo sus circunstanciales y efímeros objetivos según la coyuntura.
"Estamos tratando de llenar varios vacíos. El primero es el de la academia. La crisis venezolana tiene a las universidades en la ruina, quienes nos dedicamos a las labores académicas y de investigación lo hacemos prácticamente por cuenta propia, lo que es en sí mismo una odisea difícil de sostener. Es por ello que el trabajo que hacemos siempre debe ser visto como una actividad académica y de investigación, esa es nuestra naturaleza y nuestro espacio", dijo Ávila.
Lamentó, por otra parte, el silencio oficial. "Una de las características en distintas áreas de la vida pública es la ausencia de datos y de cifras verificables sobre el desempeño estatal. Si esto ocurre incluso con áreas eminentemente sociales y económicas, cuando se trata de seguridad ciudadana, delitos y el derecho a la vida, el silencio y la opacidad es aún mayor".
Aseguró que, en los pocos casos en los que se consigue alguna información, ésta es casuística, fragmentaria y poco confiable. "No obstante, en nuestros análisis siempre priorizamos en la información oficial; además, al menos una vez al año, solicitamos formalmente información a las instituciones correspondientes, con independencia de que no dan respuesta, no dejamos de insistir en ello", indicó.
Asimismo, dijo que los registros de la MULFVEN siempre van a estar muy por debajo de la cifra oficial -cuando esta existe- y de lo que realmente sucede. "Cuando hemos logrado contrastar lo que nosotros hacemos con los datos oficiales hemos visto que nuestros datos son apenas un subregistro de un tercio de los casos. Así que, cuando el MUFLVEN da una cifra, realmente ese número pudiera multiplicarse por dos o por tres. Es por ello que no pretendemos ni podemos sustituir a la información oficial".
Lee el reporte completo en Infobae.
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