Luis González, delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía de Colombia. (Cortesía)

La Fiscalía de Colombia anunció este jueves que investiga la muerte de seis excombatientes de las FARC y nueve familiares de miembros de esa guerrilla, ocurridos tras la firma del pacto para superar medio siglo de conflicto armado.

De los seis asesinatos de exguerrilleros -entre abril y julio pasados- «en tres (…) hay capturados, en uno hay una sentencia», dijo el delegado para la Seguridad Ciudadana del ente acusador, Luis González, a periodistas.

González aseguró que por el homicidio del exguerrillero José Uberth Yatacué Mestizo, el 25 de abril en el departamento del Cauca (suroeste) se condenó a 40 años de prisión a Jhon Ramírez, «El Zarco», miembro de la comunidad indígena en la zona. Es la primera sentencia por el asesinato de un excombatiente de las FARC.

Yatacué Mestizo fue asesinado cuando iba a visitar a su familia, agregó el responsable, quien explicó que la sentencia fue impuesta por la justicia indígena en una investigación apoyada por la Fiscalía.

Algunas de las muertes se presentaron por disputas territoriales, por negarse a ingresar en disidencias de las FARC o en medio de actividades criminales que involucraban a los fallecidos, apuntó.

Las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que fue la principal y más antigua guerrilla del continente, suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre pasado y hace un mes dejaron las armas.

González detalló que hay tres casos más de exguerrilleros asesinados, pero aún se investiga si se habían acogido al acuerdo de paz.

En paralelo, la fiscalía investiga la muerte de «nueve familiares de desmovilizados de las FARC» cometidos entre abril y mayo pasados en seis departamentos del país, explicó.

Las FARC temen ser víctimas de un exterminio como el ocurrido en los años 1980 y 1990 cuando unos 3.000 simpatizantes, militantes y dirigentes de la izquierdista Unión Patriótica fueron asesinados por paramilitares en connivencia con fuerzas estatales, después de un proceso de paz fallido.

El asesor jurídico de las FARC, el español Enrique Santiago, denunció el martes un plan de una organización criminal que ofrecía un millón de dólares para asesinar a los líderes rebeldes, que fue negado por el gobierno.

González dijo este jueves que la Fiscalía llamará a Santiago para investigar sus denuncias.

Según la ONG Fundación Paz y Reconciliación, que investiga el conflicto armado colombiano y la implementación del acuerdo de pacificación, desde la firma del pacto han sido asesinados 5 miembros y 10 familiares de las FARC.




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