Cristina Fernández (Foto Archivo)

Argentina recibió una carta del Gobierno de Irán que afirma que el pacto bilateral firmado en 2013, por el que la expresidenta Cristina Fernández es acusada de traición a la patria, incluía quitar las alertas de captura de los iraníes acusados del ataque a la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994.

Según informó a Efe la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), querellante en el caso en el que se investiga el acuerdo, el 4 de noviembre pasado el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, dirigió la misiva a su par argentino, Jorge Faurie, quien ya la incluyó en el expediente que dirige el juez Claudio Bonadio.

En el texto se señala que, tras la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, que en Argentina fue aprobado por el Congreso y declarado después inconstitucional pero que en Irán nunca llegó a ser ratificado, ambas cancillerías solicitaron a Interpol dar de baja las alertas rojas sobre los iraníes imputados en Argentina por el atentado, que dejó 85 muertos y sigue impune.

«Inmediatamente después de la firma del memorándum, los entonces ministros de Exteriores de Irán y la Argentina, cumpliendo con el artículo 7 del mismo, remitieron una carta conjunta al Secretario General de Interpol refiriéndose al acuerdo alcanzado entre los dos países para colaborar a nivel bilateral (y) solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA», señala el texto.

El pasado 7 de diciembre, Bonadio ordenó detener a Fernández, actual senadora, por presunta traición a la patria derivada del supuesto encubrimiento, a través de ese pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a la AMIA, para lo que pidió al Senado que le despoje de los fueros que la protegen.

El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, en condiciones que aún se investigan, en la que aseguraba que ese pacto, que oficialmente buscaba llegar a la verdad sobre el atentado, pretendía en realidad encubrir a los imputados iraníes con el fin de mejorar la relación comercial bilateral.

Entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí.

Sin embargo, esta situación ha sido siempre negada por la expresidenta y su equipo, que insisten en que el pacto solo buscaba llegar a la verdad del atentado.

Además, tras las medidas dictadas por Bonadio, que incluyeron otros procesamientos, varios de ellos con prisión preventiva y prisión domiciliaria al excanciller Héctor Timerman por su delicado estado de salud, el exsecretario General de Interpol Richard Noble reveló en Twitter que los pedidos de captura contra los iraníes siempre estuvieron vigentes y que Argentina nunca solicitó levantarlos.

En la carta del ministro iraní, este recuerda que su país, con la buena voluntad y con el objetivo de ayudar a esclarecer las verdades sobre el atentado, firmó el acuerdo con Argentina, tras lo cual y siguiendo la voluntad política de ambos gobiernos las instituciones legislativas y competentes de ambos países lo corroboraron y confirmaron.

En declaraciones a Efe, el presidente de la DAIA, Ariel Cohen, aseveró hoy que la carta del ministro iraní es una revelación que le da más sustento a la acusación del fiscal Nisman y a las medidas ordenadas por el juez Bonadio.

«Con esta carta, el canciller iraní ratifica que el Memorándum fue diseñado para cumplir con el objetivo de levantar las alertas rojas», añadió Cohen.

A su juicio, se demuestra el interés de Irán por el memorándum, porque necesitaba levantar los pedidos de captura, que complican a altos funcionarios de ese país.

«Ahora hay que determinar cuál fue el interés del entonces Gobierno argentino», remarcó.

En una rueda de prensa tras conocerse su pedido de detención, la expresidenta dijo que lo que realmente se acordó con Irán fue lograr que quienes estaban acusados de haber participado en el atentado se les pudiera tomar declaraciones indagatorias, ya que la causa está «totalmente paralizada» porque Irán no los extradita.

El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer.




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