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Israel planea aprobar mañana, miércoles, la construcción de 618 nuevas viviendas en colonias de Jerusalén Este, por primera vez tras la condena de la ONU a los asentamientos, que en las últimas décadas no han dejado de crecer.

La votación se llevará a cabo mañana en el Comité de Planificación Urbanística de Jerusalén, según una denuncia de la ONG “Ir Amim” que ha sido confirmada a Efe por portavoces de la alcaldía como un procedimiento habitual.

Los proyectos de las 618 viviendas estaban previstos desde hace tiempo, aunque se teme que el vicealcalde de Jerusalén, Meir Turjeman, presidente del Comité, intente promover la aprobación de un paquete mucho mayor, pese a la reciente resolución de condena del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe a Israel construir en cualquier sitio ocupado en la Guerra de los seis días de 1967.

La resolución 2334, aprobada el pasado viernes, insta a Israel a parar la actividad colonizadora en todo el territorio palestino de Cisjordania y en Jerusalén Este.

Según Ir Amim, Turjeman anunció el domingo que promoverá la aprobación de los permisos de construcción para 5.600 viviendas en territorio ocupado de Jerusalén.

De cumplirse el desafío del vicealcalde, avanzarían los proyectos de edificación de 2.600 unidades en Givat Hamatos -que junto con las colonias de Har Homá y Guiló consolidaría el control israelí sobre el perímetro sur de Jerusalén Este, según la ONG-; otras 2.600 en Guiló y 400 en Ramat Shlomó, en este último caso en el norte de la ciudad.

Al igual que otros políticos israelíes, Turjeman repudió la resolución internacional y aseguró en declaraciones que recoge el diario Israel Hayom que no trabajará “con Naciones Unidas ni ninguna otra organización que pretenda dictar (a los israelíes) qué hacer en Jerusalén”.

Desde que en 1980 el Parlamento israelí aprobó una resolución que declaraba a Jerusalén -incluida la mitad oriental- como capital “eterna e indivisible” de Israel, quedó verificada de facto la anexión de esa parte ocupada en 1967, en la que viven 300.000 palestinos.

De hecho, la municipalidad de Jerusalén gestiona la ciudad como una sola entidad, aunque la comunidad internacional no reconoce la anexión.

El derecho internacional considera a Israel un “Estado ocupante” por lo que son ilegales todos los asentamientos judíos establecidos en el territorio ocupado en 1967.

En este sentido, anteriores resoluciones en 1979 y 1980, en las que se apoya la aprobada el pasado viernes, no reconocen la validez legal de los asentamientos y enfatizan la aplicación de las Convenciones de Ginebra en estos territorios.

“Un Estado ocupante no puede transferir población ni modificar el territorio a no ser que sea por fuerza mayor”, explicó a Efe Lior Amihai de la ONG israelí “Shalom Ajshav” (Paz Ahora), en referencia al artículo 49 de la Cuarta Convención.

Según el recuento de esta organización, fundada en la década de los setenta en pleno impulso de la colonización, en Cisjordania hay 131 asentamientos establecidos por los distintos gobiernos israelíes y, desde los años noventa, otros 97 protoasentamientos (outpost) levantados unilateralmente por los colonos y que la legislación local considera “ilegales” o “no autorizados”.

Independientemente de su estatus en la legislación israelí, el derecho internacional los considera a todos fuera de la ley, como reafirma la última resolución del Consejo de Seguridad.

En Cisjordania vivían hasta 2015 un total de 385.900 colonos israelíes, según los datos de la ONG pacifista.

A esos se añaden los 200.000 colonos en Jerusalén Este, donde hay otros 25 asentamientos judíos, que suman el 62% de la población total en el territorio ocupado de la ciudad.

Un estudio conjunto sobre Jerusalén de ambas ONGs muestra que desde que Benjamín Netanyahu fuera elegido primer ministro en 2009 ha aumentado un 60% el número de nuevos asentamientos y un 70% el de colonos en la llamada Cuenca Sagrada que engloba la Ciudad Vieja, el Monte de los Olivos y el barrio de Silwan.

Amihai no se atreve a adelantar las consecuencias legales que tendrá la resolución aprobada el viernes sobre la que Netanyahu advirtió que no acatará, pero cree que el aspecto más importante es que obliga a diferenciar entre “el Israel legítimo” y “los territorios que ocupa”.

“Hasta ahora sólo Europa hacía esta distinción, sin embargo ahora todos los países tendrán que asumirla, e incluso precisar si una empresa privada trabaja en territorio ocupado”, valoró.




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