La Autoridad del Agua de Israel ha firmado dos acuerdos con la Compañía de Distribución de Electricidad de Gaza para entregar electricidad a una instalación de tratamiento de aguas residuales y a una planta desalinizadora de Jan Yunis, informa el digital israelí Ynet.
La planta de tratamiento de aguas, en el norte de la Franja y que se espera vuelva a funcionar con normalidad en dos meses, se ocupará con 36.000 metros cúbicos de aguas residuales, un servicio destinado a 300.000 habitantes de la zona.
Por su parte, la desalinizadora de Jan Yunis, en el sur del enclave, que la Unión Europea (UE) financió con más de 40 millones de dólares, proporciona agua cada día a 500.000 habitantes de la región, según el diario.
A partir de la aplicación del acuerdo, las autoridades israelíes proporcionarán 1,5 megavatios de potencia para que la planta de desalinización incremente la entrega de recursos hídricos de 6.000 a 20.000 metros cúbicos diarios.
En abril de 2017, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), presidida por Mahmud Abás, comunicó a Israel que dejaría de pagar por el suministro eléctrico a la Franja de Gaza hasta que el movimiento islamista Hamás abandonase el control del territorio, que ejercía desde hacía una década.
En junio pasado y a raíz del fin de los pagos, Israel dejó de transferir aproximadamente 50 vatios de electricidad a la Franja, lo que agudizó la ya gravísima crisis energética del territorio, bajo bloqueo israelí desde que Hamás tomó el control en 2007.
Esa y otras medidas de presión derivaron en un acuerdo entre la ANP y Hamás, por el que este último está gradualmente devolviendo el poder en la Franja.
A principios de 2018, el ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, ordenó reanudar el suministro eléctrico a la Franja, a petición de la ANP, lo que mejoró la situación e incrementó el servicio de electricidad para los gazatíes a seis horas diarias de suministro, en vez de las cuatro a las que habían llegado.
Una de las consecuencias de la crisis energética fue el paro constante de la planta de tratamiento de agua, con el consiguiente vertido al mar de residuos, lo que empeoró de forma alarmante la situación en la costa y llevó a plantearse prohibir el baño para evitar enfermedades.
