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El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), denunció este domingo el “reiterado incumplimiento” por parte del gobierno de Colombia del pacto de paz firmado en noviembre con esa guerrilla, luego de varios confusos episodios ocurridos el fin de semana.

“Ante el reiterado incumplimiento del Gobierno al Acuerdo de Paz, las @FARC_EPueblo pedimos veeduría internacional. #AlertaPaz”, escribió en Twitter Londoño, quien más temprano había dicho estar “considerando” aplazar la dejación de armas del grupo rebelde tras la captura de un guerrillero que trabajaba en la implementación del pacto.

El líder de las FARC no especificó, sin embargo, a qué se refería con “veeduría internacional”, pues el proceso de paz con esa guerrilla cuenta con el acompañamiento de Naciones Unidas, que incluso forma parte junto al gobierno y al propio grupo rebelde del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) del cese al fuego en vigencia.

Justo antes, Londoño había informado de la detención de un segundo guerrillero por las autoridades colombianas: “A pesar de tener ficha del MM&V, José Vásquez, médico de las FARC, fue detenido hoy (domingo) en retén en San José del Guaviare (centro)”.

Este hecho se sumó a la captura a primera hora del domingo de un miembro de las FARC identificado como Yimmi Ríos, que trabajaba desde hace dos meses en Bogotá en la implementación del acuerdo, y tras la cual Londoño dijo que estaba “considerando ordenar el aplazamiento (de la) dejación (de) armas”, que tenía previsto culminar el próximo 20 de junio.

 – “En proceso de resolverse” –

Sobre el caso de Ríos, el presidente Juan Manuel Santos dijo: “Tengo entendido que eso es un problema de identidades y de trámites burocráticos, eso es lo que me informó a mí el director de la policía, el general (Jorge) Nieto, y que está en proceso de resolverse”.

“El gobierno continúa con su calendario (para el proceso de paz). Ese es el compromiso y se va a cumplir”, apuntó Santos en Cartagena (norte), según una nota informativa de la Presidencia.

Más temprano, la oficina del Alto Comisionado para la Paz había informado a periodistas que Ríos “tenía suspendida la orden de captura por Resolución Presidencial”, pero el levantamiento se había hecho para el “nombre que él proporcionó”, que correspondía a “su alias en la organización y no a su nombre real”.

“Se están realizando las gestiones correspondientes para aclararle a la justicia que se trata de la misma persona”, añadieron.

El gobierno, sin embargo, no respondió inmediatamente a las denuncias hechas por Londoño -ya entrada la noche del domingo- sobre el “incumplimiento” al acuerdo de paz, firmado en noviembre tras cuatro años de negociaciones en Cuba.

 – Seguidilla de denuncias –

Unos 7.000 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) se encuentran actualmente concentrados en 26 puntos del país para dejar sus armas, en cumplimiento del pacto de paz.

Estaba previsto que ese proceso, vigilado por Naciones Unidas, terminara a fines de mayo pero las partes decidieron prorrogarlo hasta el 20 de junio por problemas logísticos. Tanto el gobierno como la guerrilla habían dicho que el aplazamiento del desarme no afectaba su voluntad de paz.

Tras anunciar la prórroga, Santos reafirmó que la paz es “irreversible”. “Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación. No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida”, dijo.

No obstante, Londoño reclamó este domingo que “con el argumento que fue capturado Yimmi Ríos, cualquier integrante de las FARC que ande en tareas de la implementación puede ser detenido”.

También recordó en su cuenta de Twitter que Ríos estaba realizando tareas fuera de los puntos de concentración gracias a un acuerdo con el gobierno, incluso “con conocimiento del presidente Santos”.

El sábado también había advertido del sobrevuelo de un helicóptero militar en la zona de concentración donde se encontraba, recordando la importancia de “cumplir el cese bilateral” al fuego y llamando a que no haya “más provocaciones”.

Colombia vive un conflicto armado que durante más de medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, dejando al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados.




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