(Foto AFP)

El ministro de Información, Jorge Rodríguez, informó hoy que el Gobierno y la oposición comenzarán el 15 de noviembre en República Dominicana un nuevo proceso de diálogo, confirmando así lo anunciado horas antes por un portavoz opositor.

“Confirmo lo dicho por jefe de vocería de derecha Luis Florido, reafirmamos lo ya aseverado: el diálogo continúa el 15 de noviembre en República Dominicana y allí estaremos”, escribió en su cuenta de Twitter Rodríguez, que se refería al dirigente del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular (VP), Luis Florido.

La expresión derecha venezolana para referirse a la oposición es habitual en las filas del oficialismo, pese a que partidos como VP se declaran de orientación socialdemocráta y forman parte de la Internacional Socialista (IS).

“Está en preparación documento conjunto para acuerdos en el marco de la convivencia y La Paz que tanto amamos y merecemos los venezolanos”, añadió Rodríguez en otro mensaje.

El político chavista se refirió también a las sanciones individuales dictadas hoy por el Gobierno de Washington contra diez altos cargos del Estado venezolano a los que responsabiliza de actos de corrupción y censura, y de cometer irregularidades en los recientes comicios regionales.

“No es casual que Donald Trump imponga nuevas sanciones hoy que derecha venezolana anuncia disposición para continuar diálogo nacional”, dijo el ministro, que aseguró que “al régimen supremacista estadounidense lo que menos le conviene es que se consolide la paz en Venezuela“.

El dirigente de VP y portavoz de la comisión de Política Exterior del Parlamento, Luis Florido, había anunciado horas antes que la oposición está preparada para una negociación internacional efectiva con el Gobierno para llevar soluciones claras a los venezolanos.

Estas nuevas negociaciones han sido criticadas por la también opositora María Corina Machado, coordinadora del movimiento Vente Venezuela.

Según la exdiputada, el oficialismo ofrece negociar la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) -cuyos actuales rectores son acusados de servir al Gobierno- “sin perder el control” sobre este ente, a cambio de que la Cámara apruebe la refinanciación de la deuda externa que pretende llevar a cabo el presidente Nicolás Maduro.




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