José Toro Hardy, experto en temas petroleros y exdirectivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), asegura que, si Venezuela pierde Citgo, “perdemos el principal brazo comercializador de nuestro petróleo, entendiendo que los crudos venezolanos son difíciles de refinar por las muchas impurezas que contienen”.
Toro Hardy advirtió que Venezuela podría enfrentar una serie de demandas para apropiarse de Citgo, luego de que un juez federal sentenciara a favor para que una corporación canadiense incautara los bienes de la filial de Pdvsa en EEUU.
“El gobierno creyó que podía apropiarse de bienes y empresas libremente sin la adecuada indemnización y ahora estamos viendo las consecuencias”, dijo el economista Toro Hardy en entrevista a la emisora Éxitos 99.9.
Al tiempo que recalcó que la demanda de Crystallex es apenas una de muchas que ha perdido el gobierno venezolano en los juzgados internacionales por casos de confiscación de bienes a empresas extranjeras.
Un juez federal de Estados Unidos autorizó este jueves la incautación de Citgo Petroleum Corp para honrar una deuda del gobierno de Nicolás Maduro, un fallo que podría desencadenar una carrera entre los muchos acreedores que Venezuela no ha honrado y que pudiera arrebatarle el control de su único activo estadounidense que se puede aislar.
El analista acotó que “Esto establece un precedente para Venezuela, que puede apelar la decisión ante una corte penal”, recordando que las refinerías de Citgo fueron diseñadas como un traje a la medida para el petróleo venezolano, y sigue siendo un activo muy importante para Pdvsa, toda vez que no solo domina una porción de la distribución de combustible en EEUU (llegó a tener el 10% del mercado), sino por su capacidad de refinación.
Toro Hardy cree que las instancias internacionales empezarán a autorizar embargos a los acreedores para cobrar sus respectivas deudas, algo a lo que el gobierno no podrá hacer frente por la escasez de recursos para honrar sus compromisos.
La minera canadiense ha demandado al Estado venezolano ante varias instancias internacionales, con la intención de cobrar una deuda que el tribunal de la Organización Mundial de Comercio estimó en 1.400 millones de dólares por la expropiación de la concesión en las minas Las Cristinas, en el estado Bolívar, monto que Venezuela se ha negado a cancelar. patrimonio de la principal empresa del país.
(Con información del diario Tal Cual)
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