Evidencias presentadas por la Fiscalía contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli por una causa de escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014) fueron admitidas hoy por el juez de Garantías para que sean presentadas como medios probatorios en la fase de juicio oral.

Martinelli, de 66 años y detenido preventivamente en una cárcel de mínima seguridad, se enfrenta a una pena de 21 años, lo que pide el magistrado fiscal, Harry Díaz, que lo acusa de cuatro delitos por la supuesta interceptación ilegal de las telecomunicaciones a decenas de políticos, empresarios y periodistas entre 2012 y 2014.

En una audiencia que se prolongó varias horas y que fue suspendida hasta el próximo miércoles, el magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, admitió 58 pruebas testimoniales, entre ellas, la del actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, una de las presuntas víctimas de las escuchas.

Varela, quien no se constituyó en querellante, es acusado por Martinelli de haber “inventado” este caso, que suscribe a la “persecución política” de quien fuera su vicepresidente y canciller, que siempre ha negado eso.

El juez de Garantías admitió asimismo tres de cuatro pruebas testimoniales, incluyendo un testigo protegido, y casi todas las 48 pruebas documentales aportadas por el fiscal, entre ellas siete cuadernillos con la transcripción de las escuchas, sobre los que pesa reserva dictada por la Sala Penal.

Mejía “aceptó al testigo protegido, los cuadernillos donde aparecen los pinchazos, a una serie de peritos” que son medios probatorios que la defensa intentó desacreditar, por lo que “sí habrá juicio oral, lo más probable es que sí”, expresó a Efe el querellante y supuesta víctima de las escuchas, el veterano político y exministro Mitchell Doens.

El juez de Garantías anunció que la audiencia se retomará el próximo miércoles en la tarde “para continuar con la admisibilidad o no de las pruebas aportadas por el acusador autónomo y la defensa”.

La admisión de la pruebas supone que la causa pasará a la fase de juicio oral y público, que estará a cargo del pleno de nueve magistrados del Supremo, que deberá determinar la fecha de su inicio.

“Soy inocente”, vociferó nuevamente Martinelli esta mañana cuando era conducido por un contingente policial hacia la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia.

El expresidente reiteró que el Supremo no es competente para conocer su caso, un argumento en el que ha insistido su defensa y por el que está pendiente un recurso en el máximo tribunal que podría resolverse en los próximo días, comentó este lunes a Efe una de las presuntas víctimas y querellante, Balbina Herrera.

Ese recurso está en manos del magistrado Oydén Ortega y su proyecto de fallo, filtrado a la prensa local, propone que se decline la competencia en un juzgado ordinario.

Para ser aprobado, el fallo debe contar con los votos de cinco de los nueve magistrados del pleno.

La ley panameña establece que solo el Supremo puede investigar y procesar a los diputados, una condición de la que gozaba Martinelli hasta junio pasado, cuando renunció al Parlamento Centroamericano.

La defensa argumenta que con esa renuncia el caso debe pasar a un tribunal ordinario, pero el juez Mejía determinó el pasado 25 de junio que la causa quedó radicada en el Supremo con la presentación de la acusación, en octubre de 2015, cuando Martinelli era diputado.

Este lunes Mejía echó mano de artículos del Código Procesal Penal de la Constitución y citó jurisprudencia colombiana para reafirmar su decisión y “aclarar la fortaleza de la competencia de la Corte” en esta causa.

Dijo además que el pleno del Supremo “en dos ocasiones se ha manifestado sobre la competencia dentro del caso” a través de resoluciones con fecha 11 de julio y 16 de agosto, y “no ha apreciado violación constitucional”.

Martinelli está detenido en la cárcel El Renacer, situada en las afueras de la capital panameña, desde el pasado 11 de junio, el día que fue entregado a Panamá por Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas. EFE




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