El Juzgado de Investigación Preparatoria de Atalaya, en la selvática región de Ucayali, en el centro de Perú, dictó este sábado nueve meses de prisión preventiva contra Yeison Lucano Leyva, investigado por tentativa de feminicidio y presunto violador de una niña de 11 años, un caso que ha indignado en el país por la ferocidad del ataque a la menor.
La sala estableció que en este caso existen graves y fundados elementos de convicción, pronóstico de pena superior a los cuatro años y peligro procesal, según informó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.
En ese sentido, el magistrado a cargo dispuso que Lucano cumpla la prisión preventiva en el penal de Pucallpa, donde permanecerá hasta el 27 de diciembre del 2023 cuando venza el plazo de la medida.
La Fiscalía había pedido el viernes los nueve meses de prisión preventiva contra Lucano, de 25 años y familiar de la víctima que está internada en estado grave, y en la audiencia de hoy ratificó que solicitará la cadena perpetua contra el denunciado.
Fuentes policiales detallaron a EFE que tras el ataque cometido el pasado domingo, la menor, de iniciales J.M.L.C, fue trasladada a un centro hospitalario de la provincia de Satipo, del céntrico departamento de Junín, colindante con Ucayali, donde fue diagnosticada con un traumatismo intracraneano, una fractura de la bóveda del cráneo y un edema cerebral.
Luego, ante su «grave estado de salud», la menor fue transferida a un hospital de Lima, donde se le debe someter a un «examen de integridad sexual y la disposición fiscal», siempre según las mismas fuentes.
En la audiencia judicial de este sábado, Lucano admitió el delito y dijo que sentía celos por la niña, a quien conocía desde hace dos años, y que decidió matarla después de que ella se negó a ser abusada.
«Le di con el clavo en su cabeza. Empezó a convulsionar. Dije ‘tengo que salir de acá y nunca más regresar a este sitio'», declaró el agresor al relatar el ataque durante la audiencia.
El Gobierno de Perú repudió «el cobarde ataque» y anunció que ha dispuesto que los ministerios de Salud, de Interior, de Justicia y Derechos Humanos, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Instituto de Salud del Niño, «desplieguen sus mayores esfuerzos para atender a la víctima y a sus familiares», indicó en las últimas horas la cuenta de Twitter de la Presidencia.
En este sentido, el ministro de Justicia, José Tello, dispuso que la defensa pública asuma la defensa legal de la menor.
«Como padre y ministro de Estado siento indignación al tomar conocimiento sobre los repulsivos actos perpetrados a una niña de 11 años en Ucayali. He dispuesto que la Defensa Pública contacte a los familiares y asuma el patrocinio legal gratuito para buscar justicia», escribió en Twitter.
En el país andino, los Centros Emergencia Mujer (CEM) y la línea 100 atienden a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día, al igual que el denominado Chat 100, un servicio personalizado y confidencial por internet y en tiempo real, que atiende a personas afectadas por la violencia familiar o sexual. EFE
