(Foto EFE)
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Un juez de Estados Unidos negó este viernes la libertad bajo fianza al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, detenido desde el pasado 12 de junio en Miami tras ser solicitado en extradición por su país.

El juez Edwin Torres, quien está a cargo del juicio de extradición de Martinelli en Miami, rechazó la petición, según documentos de la Corte a los que tuvo acceso Efe.

El juez federal además fijó para el próximo 25 de julio la audiencia de extradición de Martinelli, quien fue solicitado por su país bajo la acusación de interceptación ilegal de comunicaciones y enriquecimiento ilícito.

Torres siguió el argumento de la Fiscalía, que representa al Gobierno de Panamá, que enfatizó el peligro de fuga que representaba Martinelli (2009-2014).

De igual forma, el magistrado negó la moción presentada por la defensa del expresidente, en la que, entre otras, acusó al Gobierno panameño de presentar “declaraciones falsas” y “engañosas” en su pedido de extradición.

John Richard Byrne y Marcos Daniel Jiménez, representantes del detenido, habían señalado en la moción de fianza que no había “méritos” en el caso de los pinchazos y criticaron el carácter “especulativo” de las acusaciones “basadas en creencias”.

“Lo sabia, es una tristeza, pero es así, soy amigo personal de él, le diré lo que opino personalmente”, dijo a Efe Lorenzo Palomares, quien es abogado de la esposa de Martinelli y sigue el caso en Miami.

La Fiscalía por su parte había expresado al juez el “alto riesgo de fuga” que representa Martinelli por sus múltiples contactos como expresidente y su acaudalada situación económica.

Martinelli enfrentará ahora en la cárcel el juicio de extradición, en el que el juez Torres decidirá si debe ser extraditado, pero es el Departamento de Estado estadounidense el que tendrá la última palabra basado en el fallo de la Corte federal.

Martinelli, que afirma sufrir una persecución del actual mandatario de su país, Juan Carlos Varela, que fue su vicepresidente, es requerido por la justicia panameña para responder de cargos por una red de escuchas ilegales y por peculado.




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