El juez peruano Juan Carlos Checkley ratificó el rechazo a una petición de la defensa legal del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) para que se excluyan en el juicio por el fallido autogolpe de Estado las declaraciones del exjefe de la Policía Raúl Alfaro, que presuntamente recibió las órdenes de cerrar el Congreso ese día, informó este lunes el Poder Judicial.
Checkley, magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró consentida la resolución que desestimó la petición de la defensa de Castillo, durante la audiencia de tutela de derechos, para ver el video con las declaraciones del excomandante general de la Policía Nacional en la audiencia.
El juez resolvió, de esa manera, tras vencer el plazo para interponer apelación a la resolución que declaró inicialmente la improcedencia y "se evidencia la voluntad de no impugnar lo resuelto", indicó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
Recordó que en la audiencia del 13 de octubre pasado, se resolvió la solicitud del abogado Eduardo Pachas para no visualizar el video y excluir de la investigación pruebas que, según él, transgreden garantías constitucionales de su defendido.
Mantener pruebas contra Castillo
Las declaraciones de Alfaro a la Fiscalía de la Nación fueron difundidas por medios de comunicación locales, días después del 7 de diciembre del año pasado, cuando Castillo intentó cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial e instalar un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.
Según esas declaraciones, el exjefe policial informó que el mismo Castillo le pidió, por vía telefónica, que cierre el Congreso y que "no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro".
Además, le pidió que "intervenga a la fiscal de la Nación" y que ante su pregunta sobre los motivos de esas intervenciones, Castillo le respondió que el ministro del Interior le daría los detalles.
Tras anunciar el fallido golpe de Estado, Castillo se dirigió a la Embajada de México en Lima con su familia, pero fue detenido por su propia escolta después de salir del Palacio de Gobierno y en camino a la sede diplomática.
Actualmente, cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, al este de Lima, inicialmente por 18 meses mientras es investigado por los delitos de conspiración y rebelión, pero a ese proceso se añadió otro por presunta corrupción y organización criminal que ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Castillo.
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