Los 26 venezolanos, 16 niños y diez adultos expulsados arbitrariamente de Trinidad el pasado domingo, no serán deportados mientras la Corte Suprema determine la impugnación de la legalidad de su deportación.
Se ordenó trasladar a los 26 a la instalación de cuarentena del Estado en el helipuerto de Chaguaramas bajo órdenes de cuarentena por el médico jefe. Se les pedirá que permanezcan en el helipuerto durante los próximos 14 días hasta que el tribunal tome una determinación final sobre su destino en Trinidad y Tobago.
Reporta el diario trinitario Newsday que la jueza Avason Quinlan-Williams dio la orden justo antes de las 9:30 p.m. de este miércoles, en una audiencia de solicitud de medida cautelar –que se presentó junto con un recurso constitucional y otra solicitud de hábeas corpus- que comenzó a las 8:15 p.m.
Se trata de la misma magistrada que ordenó al Estado, el domingo, llevar a los niños y nueve mujeres a los tribunales en respuesta a un recurso de hábeas corpus que aprobó.
Ella aconsejó que la situación no podía continuar de esta manera, con niños detenidos en instalaciones similares a cárceles o comisarías de policía o separados de sus padres.
La jueza propuso reunirlos con sus respectivos padres
Quinlan-Williams también preguntó por qué no se podía poner en cuarentena a todos los niños en casa con sus padres. Se supo que al menos uno de los padres es titular de una tarjeta de solicitante de asilo de Acnur o está registrado en el programa de amnistía del gobierno.
Uno de los niños, un niño de cuatro años con una afección cardíaca, su hermana y su madre, quienes regresaron en una piragua el martes, podrán quedarse con su padre en Marabella después de la cuarentena, toda vez que los abogados de la Autoridad del Menor dijeron al juez que la casa del padre pasó por una inspección y se consideró adecuada. Muy probablemente se aplicará el mismo esquema al resto.
Se dieron garantías de que el grupo no será deportado mientras el asunto esté ante los tribunales. Habrá una nueva sesión en la corte a las 7:00 p.m. de este jueves.
Temen que el Estado pretenda eludir la decisión de la corte
Más temprano, los abogados del grupo, que incluye a 16 niños, entre ellos un bebé de cuatro meses, presentaron una acción en el Tribunal Superior con el objetivo de evitar que las autoridades locales los devuelvan nuevamente. Cuestionaron la legalidad de su deportación mediante un certificado de urgencia que alerta de que el Estado ha “demostrado la intención de buscar eludir la jurisdicción de la corte” al tomar medidas para la deportación de los venezolanos.
También piden una orden judicial que impida su expulsión de Trinidad y Tobago y órdenes provisionales para liberar a los menores bajo la custodia de sus padres.
El reclamo también solicitó una orden para que el Estado determine la condición de refugiado de los venezolanos y decida si tienen derecho a protección bajo el principio de unidad familiar, así como bajo las protecciones otorgadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, la política nacional para abordar los asuntos de refugiados y asilo, y las leyes de Trinidad y Tobago.
Con información de Newsday (Trinidad y Tobago).
