Una jueza del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago calificó de perturbadoras las circunstancias que llevaron a la deportación de 16 niños y 9 mujeres venezolanas, además de admitir que no tiene jurisdicción para ordenar su regreso a ese país miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom).
La magistrada Avason Quinlan-Williams dijo este martes que era preocupante la orden de un juzgado que permitió la deportación de los venezolanos.
Calificó además de confuso que la Policía no supiera a quién se entregó a los venezolanos y que la división de inmigración tampoco tenga una respuesta clara de cuál fue su paradero.
El domingo por la noche, la jueza Quinlan-Williams ordenó al jefe del Estado Mayor de la Defensa que llevara ante su presencia a los 16 niños y nueve mujeres venezolanos.
Medios locales informan que, a pesar de ello, los venezolanos resultaron conducidos en varias embarcaciones fuera de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera.
Los niños y mujeres presuntamente terminaron detenidos el martes pasado y conducidos a diferentes comisarías.
Todos dieron negativo a la COVID-19 tras someterlos a las correspondientes pruebas y a pesar del recurso presentado para evitar su deportación finalmente los forzaron a abandonar el país.
Decepción
La abogada Nafessa Mohammed dijo en declaraciones a medios locales que estaba «extremadamente decepcionada» por el giro de los acontecimientos y criticó al Estado por su actitud «inhumana» hacia los inmigrantes.
Dijo que el estado debería haber adoptado un enfoque humanitario y de derechos humanos, ya que se trata de una situación que involucra a niños.
El fiscal general de Trinidad y Tobago, Reginald Armour, indicó sobre el asunto que cuando la jueza Quinlan-Williams dio la orden de que se presentara a los inmigrantes ante ella ya no estaban «bajo la jurisdicción de Trinidad y Tobago».
Dijo que en tales circunstancias ella ya no podía emitir una orden sobre el asunto.
Medios locales señalan que algunos de los niños repatriados tenían padres viviendo en Trinidad y Tobago, titulares de la tarjeta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La jueza describió como desalentador el elemento de sigilo que se utilizó para sacar a los niños de Trinidad y Tobago cuando las autoridades sabían que el asunto estaba atrayendo la atención del tribunal. EFE
