Venezolanos deportados de Chile.

El dirigente opositor de Venezuela Julio Borges pidió este viernes al Gobierno de Chile que detenga la deportación de migrantes venezolanos porque «son refugiados que huyen».

«El Gobierno de Chile debe detener estas prácticas, pues los venezolanos son refugiados que huyen, exponiendo sus vidas, de un gobierno que ha socavado las libertades y las condiciones para una vida digna», aseguró Borges en su cuenta de Twitter.

El opositor dijo que un informe publicado por Human Rights Watch (HRW) «ratifica que estas decisiones se tomaron sin medir el impacto en derechos humanos y no deben repetirse».

«En su momento advertimos que deportaciones de venezolanos por parte de Chile incumplían principios humanitarios y acuerdos internacionales en materia de migración», añadió.

HRW indicó el miércoles que el Gobierno chileno «debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos» que realiza en el marco de una ley de migración «y asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos».

Graves Violaciones

A través de un documento, la organización señaló una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, tales como impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias, entre otros.

Luego de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el organismo internacional identificó también «violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas» antes de que se concrete la expulsión.

«Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional», afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, según el documento.

En la misma línea, Vivanco apuntó que resulta «contradictorio» que el Gobierno encabezado por Sebastián Piñera «condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro».

Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7 % de la población- y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 5,4 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014 para huir de «la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales».




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