El pasado viernes 15 de noviembre de 2019 las autoridades de la Junta Administradora Ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A., alcanzaron un acuerdo con los principales tenedores del Bono Pdvsa 2020, agrupados en el MUFG Union Bank y en la agencia de representación financiera Glas Américas.
Este convenio implica la elaboración de un cronograma, de aproximadamente 6 meses, durante los cuales los titulares de esos papeles se comprometen a no reclamar ni avanzar en la toma de las acciones de CITGO, mientras se avanza en el juicio de nulidad de los Bonos 2020.
Un nuevo avance en la protección del principal activo de los venezolanos por parte del Gobierno de Juan Guaidó, destaca el Centro de Comunicación Nacional (CCN).
El acuerdo alcanzado por las partes fue presentado a la jueza Katherine Polk Failla, del juzgado del Distrito Sur de Nueva York; instancia donde reposa una demanda de nulidad contra el Bono Pdvsa 2020 introducida por el Gobierno Legítimo de Venezuela con base en el cuestionamiento que hizo la Asamblea Nacional sobre la ilegalidad de estos papeles, al estar respaldados en acciones de CITGO -un activo de interés público nacional- sin previa aprobación del Parlamento.
El Gobierno Legítimo de Venezuela ha insistido en la consecución de una solución ordenada y negociada con los tenedores del Bono Pdvsa 2020, que tome en cuenta las objeciones de la Asamblea Nacional y la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país.
En consonancia con esto se logró el mencionado acuerdo con los tenedores de bonos. Esta acción representa una victoria para la Junta Administradora Ad-hoc de Pdvsa y para el Gobierno legítimo en la lucha por la defensa de CITGO y de todos los activos del pueblo venezolano.
Por último, «el Gobierno legítimo de Venezuela ratifica su voluntad de reconciliar esta y todas las reclamaciones heredadas de los regímenes de Chávez y de Maduro, sin perjuicio de su derecho a analizar, caso por caso, aquellas que puedan ser catalogadas como dudosas, de acuerdo con los lineamientos para la negociación de la deuda, aprobados por la Asamblea Nacional el 1° de julio de 2019», concluye.
