La Justicia argentina abrió una investigación para determinar si el Gobierno de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad, confirmaron este jueves a EFE fuentes de la Fiscalía del caso.
La causa, dirigida por el juez federal Ariel Lijo, se abrió tras una denuncia interpuesta por los abogados Dario Richarte y Diego Pirota contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega; su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, «y otros cómplices de las desapariciones, asesinatos, tortura, cárcel y exilio de opositores a la dictadura», expresó Richarte en su cuenta de Twitter.
«Hacer la denuncia fue posible por el aporte testimonial de los que sufren en primera persona la violencia criminal y por el trabajo previo de OEA, ONGs y medios. Se pide la indagatoria y eventual captura internacional de Ortega y cómplices. Se inicia un camino para lograr justicia», agregó el letrado.
El abogado recordó que la Justicia argentina tiene una «extensa tradición en materia de defensa de los derechos humanos y aceptación del principio de jurisdicción universal», y se mostró optimista en «el avance de la investigación para establecer las responsabilidades penales de Ortega y sus cómplices».
Crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
Lijo ordenó que se envíe un exhorto a la Justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas donde se investiguen delitos como torturas, detenciones ilegales y desaparición forzada de personas.
Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica desde 2018, -que en su primer año dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
En los últimos años, la Justicia de Argentina -cuya Constitución avala que en el país se puedan tramitar causas en las que se investiguen delitos cometidos «fuera de los límites» de la Nación- ya aceptó otras denuncias para investigar, por jurisdicción universal, los crímenes del Franquismo en España o los cometidos contra el pueblo Rohinyá en Birmania.
