(Foto elperiodico.com.gt)
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La Justicia de Guatemala dictó este lunes una medida de arraigo precautoria en contra de Edgar Ovalle Maldonado, diputado del partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN), por su supuesta participación en matanzas durante el conflicto armado en el país (1960-1996).

Ovalle es un coronel retirado del Ejército que estuvo asignado en la década de los ochenta en la Zona Militar 21, en Cobán, en el departamento norteño de Alta Verapaz, donde se cometieron las desapariciones que se enjuician en el bautizado como caso Creompaz.

La decisión de la Justicia guatemalteca surgió a raíz de la petición hecha por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) de dictar la medida contra Ovalle Maldonado.

Otros ocho militares retirados fueron enviados a juicio oral y público el pasado 7 de junio por el Juzgado A de Mayor Riesgo por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.

Se trata del exjefe del Estado Mayor General del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, hermano del fallecido presidente de Guatemala Fernando Romero Lucas García (1978-1982), quien deberá ser juzgado por la desaparición de tres víctimas.

Por su parte, los implicados Byron Humberto Barrientos, César Augusto Ruiz y Raúl Dehesa Oliva serán juzgados por dos casos.

En tanto que Carlos Augusto Garavito y José Antonio Vásquez García tendrán que ser juzgados por cuatro casos, mientras que César Cabrera Mejía y Juan Ovalle por 23 víctimas.

El caso es conocido como “Creompaz”, ya que en la antigua zona militar 21 -donde fueron encontradas varias víctimas- funciona ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

Este lugar, según las denuncias, “fue utilizado como centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones” durante el conflicto armado.

La Fiscalía había ratificado su petición de antejuicio contra Ovalle el pasado septiembre.

El proceso de los primeros ocho militares que deberán enfrentar juicio fue enviado al Tribunal A de Mayor Riesgo, el cual deberá fijar fecha para el inicio de los debates.




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