Empleados del servicio funerario entierran a una víctima de la COVID-19 en el cementerio de Vila Formosa en São Paulo, en una fotografía de archivo / Foto: EFE

Un juez de la Corte Suprema de Brasil instó este lunes a dos ministros del Gobierno de Jair Bolsonaro, entre ellos el titular de Salud, Marcelo Queiroga, a corregir unas directrices que desincentivan la vacunación antiCOVID de los niños.

El magistrado Ricardo Lewandowski, autor del fallo, ordenó también al Ejecutivo “abstenerse de utilizar” el canal de denuncias de violaciones de derechos humanos para recibir “quejas relacionadas con la exigencia” del comprobante de vacunación, como venía estimulando.

La decisión, que tendrá que ser analizada por el pleno del alto tribunal, es fruto de un recurso presentado por el partido Red Sustentabilidad, uno de los firmes opositores del Gobierno de Bolsonaro en el Congreso.

En su demanda, cuestionó unas notas técnicas publicadas por los ministerios de Salud y de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, relacionadas con la vacunación contra el coronavirus de los niños de entre 5 y 11 años, que rechaza el presidente Bolsonaro.

La cartera de Salud dedicó un gran espacio para justificar que la inmunización del público infantil “no era obligatoria”, mientras el segundo despacho, que dirige la pastora evangélica Damares Alves, afirmó que la exigencia del pasaporte COVID podría interpretarse como una “violación de los derechos humanos”.

Para Lewandowski, esas directrices emitidas por los dos ministerios “puede herir, entre otros, los preceptos fundamentales que aseguran el derecho a la vida y a la salud”.

“El mensaje equívoco que transmiten, en medio de una de las mayores crisis sanitarias de la historia del país, acaba por desinformar a la población, desestimulándola a someterse a la vacunación contra la COVID-19, lo que redunda en un aumento de infectados, hospitalizados y muertos”, manifestó.

Inmunización afectada

En su opinión, esas notas “prestan un mal servicio al esfuerzo de inmunización emprendido por las autoridades sanitarias” de las distintas esferas del poder y “contribuyen para mantener el aún bajo índice de comparecencia de niños y adolescentes a los locales de vacunación”.

Esta decisión se produce en medio del pulso que mantienen el Supremo y Bolsonaro, investigado en la máxima corte del país por diversas causas, entre ellas por desinformar sobre las vacunas y atacar las instituciones democráticas.

Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más negacionistas sobre la gravedad de la pandemia, acostumbra a poner en duda la eficacia de las vacunas antiCOVID y rechaza de forma tajante inmunizar a los niños, pese al aval dado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil.

En medio de fuertes presiones, el Gobierno reculó y terminó por incluir el mes pasado al público infantil en el programa nacional de inmunización contra la COVID-19.

Pese a las dudas planteadas por el jefe de Estado, la población de Brasil ha acudido en masa a vacunarse y hasta este lunes casi el 73% de los 213 millones de brasileños tenían ya la pauta completa.

Brasil es, junto con Estados Unidos e India, uno de los países del mundo más afectados por la COVID-19 al contabilizar cerca de 640 mil fallecidos y más de 27,5 millones de casos de la enfermedad, según los datos oficiales. EFE




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