Crónica Uno
Caracas. Alianjel Rodríguez tiene 15 años y un diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridad tipo dos y daño cerebral causado por convulsiones. Pero su discapacidad psicosocial, evidente en su forma de actuar, no fue considerada cuando funcionarios policiales lo detuvieron mientras estaba en las cercanías de su casa viendo un espectáculo de fuegos artificiales.
Disfrutaba del show de pirotecnia el 30 de julio, dos días después de las elecciones presidenciales. En ese momento un grupo policial que perseguía a varios motorizados en Valencia pasó por el sitio y decidió aprehender a algunos de los chicos que estaban allí, entre ellos Alianjel.
De acuerdo con el testimonio de su madre, María Alejandra Botello, el adolescente terminó con varias costillas lastimadas y una fisura en una pierna como resultado de la violencia durante la detención.
“Él salió a ver unos fuegos artificiales que estaban lanzando (…) Venía una marcha de motorizados, unos funcionarios les cayeron a tiros a los motorizados y él (Alianjel) como no es como los demás, no pensó en salir corriendo y se quedó parado, traumatizado. Entonces se lo llevan preso”, contó María Alejandra a Crónica Uno.
El de Alianjel es solo uno dentro de los más de mil 800 casos de detenciones registradas tras los comicios presidenciales. Sin embargo, su historia, como la de al menos una decena de detenidos, tiene una particularidad, son personas con algún tipo de discapacidad acusadas de delitos de terrorismo que requieren atención y tratos ajustados a sus condiciones.
Igualdad y trato justo
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), a la que Venezuela está suscrita, estipula garantías de acceso a la justicia en igualdad de condiciones, así como a la libertad, seguridad y protección contra la tortura y otros tratos crueles para las personas con discapacidad.
Esto no excluye a este grupo de someterse a procesos judiciales, pero garantiza que se planteen en igualdad de condiciones en cuanto a los derechos fundamentales. Implica también ser tratados bajo los principios y objetivos establecidos en esta convención.
El presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), Juan Ángel de Gouveia, explicó a Crónica Uno que Venezuela está obligada a garantizar los derechos establecidos en esta convención. Además, que deben considerarse en todo momento las adecuaciones al sistema, las adaptaciones y la accesibilidad.
“Las personas con alguna discapacidad no son exentas del acceso a la justicia, es decir, pueden ser detenidos, pueden ser juzgadas. Lo que sí debe serles considerado son los ajustes razonables o los derechos a tener igualdad de condiciones, ajustes en los procesos de acuerdo con su discapacidad, con la edad y las garantías fundamentales establecidas”, dijo.
Pero en casos como el de Alianjel estas condiciones parecen no cumplirse. Hasta el momento a la madre del adolescente le prohíben ingresar los fármacos que él necesita y, en cambio, lo han sometido a altos niveles de estrés que empeoran su condición.
“Cuando él está en casa, está bien, no se medica con regularidad. Pero en la situación en la que está tiene demasiado estrés y mientras esté así va a tener una conducta violenta y episodios de convulsiones porque no puede estar en un lugar cerrado”, acotó la madre del chico.
Aunque María Alejandra no cuenta con informes actualizados que certifiquen la condición de su hijo, ha entregado constancias de su diagnóstico a las autoridades, quienes le niegan permiso para que entregue a su hijo los medicamentos que necesita.
Lea la nota completa en Crónica Uno
