La justicia rusa decidió este jueves mantener en detención al opositor Alexéi Navalni, quien denunció un acto «arbitrario» que busca «intimidar a todo el mundo» tres días antes de nuevas manifestaciones en Rusia.
Esta decisión llega horas después de la detención de varios de sus allegados y un día después de una serie de registros contra apartamentos de personas cercanas a él y locales de su Fondo de Lucha contra la Corrupción.
Un tribunal de Krasgonorsk, cerca de Moscú, estimó que la detención prevista hasta el 15 de febrero, decretada por otro tribunal poco después de su regreso a Moscú el 17 de enero, era legítima, constató una periodista de la AFP.
El opositor de 44 años, que compareció por videoconferencia desde su lugar de detención, denunció una «flagrante violación de la ley», un acto «arbitrario» que busca «intimidar[lo]» e «intimidar a todo el mundo».
«Los jueces solo son obedientes esclavos de esta gente que robó nuestro país, que nos robaron durante 20 años y que quieren silenciar a personas como yo», agregó el activista anticorrupción y enemigo jurado del Kremlin.
La letrada Olga Mijailova, para quien los procesos abiertos buscan «excluir» a su cliente de la vida política rusa, anunció a los periodistas que recurriría esta decisión, aunque «sin grandes esperanzas».
Posteriormente, en una carta publicada en su blog, Navalni volvió a invitar a los rusos a manifestarse el domingo. «No tengan miedo», escribió. «La mayoría está de nuestro lado. Vamos a despertarla», dijo.
Las protestas el pasado fin de semana se saldaran con casi 4.000 detenidos por la policía.
El opositor enfrenta varios juicios abiertos desde su regreso a Rusia desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento en agosto que atribuye a Putin y a los servicios de seguridad FSB.
La policía de Moscú y de la región colindante advirtieron en comunicado que cualquier «intento» de concentrarse de forma no autorizada será «interrumpido inmediatamente».
– Arrestos y registros –
El hermano del opositor, Oleg Navalni, y su aliada y figura emergente del movimiento, Liubov Sóbol, fueron detenidos este jueves y permanecerán en arresto durante 48 horas por «violar las normas sanitarias» en vigor por la pandemia durante las manifestaciones.
El abogado de Sóbol, Vladimir Voronin, denunció en Twitter «un completo delirio y arbitrariedad».
María Aliójina, miembro del grupo de protesta Pussy Riot, también fue detenida durante 48 horas por el mismo motivo, según dijo su compañera Nadezhda Tolokónnikova en Instagram.
Y Anastasia Vasilieva, jefa de un sindicato médico parcialmente vinculado a Navalni, corrió la misma suerte, al igual que otros colaboradores, según un estrecho colaborador del opositor Ivan Zhdánov.
Un vídeo difundido en los medios y en redes sociales mostraba a Vasilieva tocando el piano en su casa, mientras los investigadores registraban su apartamento.
El miércoles, la policía registró también los domicilios de la esposa de Navalni, Yulia, de su hermano Oleg y de su portavoz Kira Yarmysh, condenada el pasado viernes a nueve días de prisión, así como locales de su organización.
Las autoridades abrieron también unas 20 investigaciones, en particular por llamados a disturbios, violencia contra la policía o incitar a menores a cometer acciones ilegales.
El órgano supervisor de las telecomunicaciones Roskomnadzor anunció que multaría a las redes sociales hasta con 4 millones de rublos (unos 52.600 euros, 63.500 dólares) por no haber borrado los llamados incitando a los menores a manifestarse.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió este jueves a las fuerzas del orden que «cumplen con su trabajo» y subrayó que «hubo múltiples violaciones de la ley» en las protestas del sábado.
Los apoyos de Navalni, quien debe comparecer ante los jueces la próxima semana, convocaron nuevas protestas para el domingo y esperan aprovechar el éxito de una investigación del opositor sobre un presunto palacio de Putin a orillas del mar Negro.
Según su abogada, el opositor se enfrenta a «alrededor de dos años y medio» de prisión firme por violar los términos de una condena de 2014 a tres años y medio de prisión con suspensión de pena.
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