Vozpópuli: Juzgado investiga presunto tráfico de influencias en caso de Plus Ultra
/ Foto: Cortesía (Vozpópuli, España)

La magistrada que investiga el rescate de Plus Ultra ya tiene en su poder toda la documentación clave sobre la ayuda de 53 millones de euros que recibió la compañía de manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), incluidos informes económicos y de auditoría, y cuyo análisis determinará el horizonte judicial de la investigación, en la que se incluye presunto tráfico de influencias y cohecho.

Señala el medio digital Vozpópuli que la entrega de estos documentos se produjo a petición expresa de la magistrada Esperanza Collazos, la cual reclamó a comienzos de abril el expediente completo de la ayuda aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo.

Aunque la Abogacía General del Estado recurrió el arranque de la investigación, ésta no solo sigue adelante sino que se amplió por los delitos de tráfico de influencias contra la Hacienda Pública y cohecho.

Ahora, y tras la entrega de la primera remesa de archivos, la aerolínea se ha dirigido a la magistrada para pedirle que le suministre una copia del expediente en cuestión ya que lo considera “indispensable” para instruirse en la causa.

Entre la maraña de documentos recibidos no se encuentra el informe que da luz verde a la inyección de 53 millones de euros de los fondos de apoyo que aprobó el Gobierno para empresas estratégicas afectadas por la COVID.

Documentos solicitados

Un mes después del arranque de esta investigación, la magistrada impulsó la causa y requirió las actas del consejo rector y del Consejo de Ministros del Gobierno en las que se autorizaba la millonaria ayuda. También reclamó el análisis de la Comisión de Evaluación y los informes sobre otras compañías que buscaron acceder a este fondo de 10 mil millones de euros gestionado por el consejo rector de la SEPI.

El órgano, sobre el que actúa ahora la Justicia, está integrado por el entonces presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, la exsecretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria, Raúl Blanco, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

Además de la SEPI, también se dirigió a la Agencia Estatal de Seguridad aérea y a la propia Plus Ultra para recabar más información acerca de la flota de aviones, las operaciones realizadas entre 2018 y 2021 así como los accionistas Snip Aviation y Sky Solution, a quienes pidió que aportaran el acta de titularidad real de las participaciones.

Los querellantes iniciales –entre ellos el partido Vox de Santiago Abascal- advirtieron de que no se podía considerar a Plus Ultra como una empresa estratégica ya que opera con 0,03% de los vuelos en España y las pérdidas no solo se remontan a la etapa de la pandemia sino que se vienen registrando desde el año 2011.

Rescate injustificado

Vox fue más lejos y apuntó que este rescate no tenía justificación alguna y que se trataba de una entrega de dinero “a fondo perdido a un entramado societario configurado como un holding con matriz en Panamá y capital venezolano”. A falta de conocer los detalles del expediente de la SEPI, la Dirección General de Aviación Civil y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) concluyeron en sendos informes que esta aerolínea –a la que se le atribuyen pérdidas de hasta diez millones de euros- no era esencial para la conexión entre Madrid y Latinoamérica. Los órganos, dependientes del Ministerio de Ábalos, rebaten la tesis oficial del Ejecutivo y de la propia compañía acerca de la trascendencia del servicio.

En concreto, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, pidió en marzo tras la aprobación del rescate que se dejaran de “fantasmas” puesto que Plus Ultra tiene rutas comerciales con algunos países de América Latina que “son fundamentales para la conectividad del país”.

Sin embargo, la causa penal en la que se investiga si la ayuda fue o no regular suma con más acusaciones, como la del Partido Popular, formación política que se opuso a las pretensiones de la Abogacía de que se archivara la causa apuntando a un “quebranto millonario” para las arcas públicas.

Con información de Vozpópuli.




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