El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, imputó a Podemos como persona jurídica por delitos de malversación, y citó como investigados a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido.
El magistrado ha convocado a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que trascendieran denuncias sobre ilícitos que se habrían cometido en el contexto de las obras de la sede de Podemos, en la contratación de una agencia para dar seguimiento a la campaña electoral y en el funcionamiento de la caja de solidaridad de la formación, que estaría escapando a cualquier control tributario.
Junto a las imputaciones de Del Olmo, la gerente, Rocío Esther Val; y el tesorero, Daniel de Frutos, el juez ha acordado citar como investigados a Elías Castejón, que constaba como administrador de la polémica consultora Neurona Comunidad S.L. en las fechas objeto de la investigación, y su intermediario con el partido, Eduardo López.
Llama además a una trabajadora de Podemos y convoca a diversos testigos relacionados con la reforma de la sede de la organización, al tiempo que ordena recabar ingente documentación e informes del Tribunal de Cuentas y de diversas empresas contratadas, de acuerdo con el auto dictado el pasado 30 de julio.
La sede, Neurona y la caja de solidaridad
Fuentes jurídicas señalaron a ABC que la denuncia interpuesta por el abogado José Manuel Calvente está relacionada con episodios contables. El primero, en relación con el nuevo edificio de la formación de Iglesias, cuyas obras se adjudicaron vulnerando las normas internas de contratación y se adjudicaron por el doble del importe estimado. En concreto, los trabajos se anunciaron por 649 mil 936,68 euros y se terminaron adjudicando por un millón 361 mil 055 euros sin que se haya aclarado el motivo del desfase.
El segundo, tiene que ver con Neurona, la agencia de comunicación vinculada a Juan Carlos Monedero y que habría recibido fondos del expresidente de Bolivia Evo Morales, a la luz de la investigación abierta en aquel país.
La tercera parte de la denuncia es la que afecta a la “caja de solidaridad del partido”, el fondo en el que revierte la parte del sueldo de dirigentes y cuadros intermedios que rebasa tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, en cumplimiento de los principios del partido de utilizar ese “exceso” salarial para fines sociales.
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