En Valencia la mayoría parece caminar por donde quiere y manejar por donde le parece. Las señalizaciones se han invisibilizado en medio de una ciudad bulliciosa, llena de tránsito y reglas ignoradas. Es una situación que se debate entre el desconocimiento y la falta de fiscalización.
La capital carabobeña está llena de anarquía. Los artículos de la Ley de Tránsito Terrestre pasan de largo. Avenidas importantes del municipio, como la Bolívar y Cedeño, son un ejemplo claro.
El cumplimiento de los 215 artículos vigentes desde el año 2008, engloba a peatones, conductores, autoridades del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, o los homologados de otros cuerpos policiales, afirmó el director del INTT, Gilberto Ceballos, quien detalló que las municipales y estatales no cuentan con una gran cantidad de funcionarios para estas labores. El cálculo aproximado de policías necesarios para cubrir la demanda de la sociedad es de 3,5 por cada mil habitantes, cantidad que no se alcanza.
El problema de la vialidad y el irrespeto a las leyes se acrecentó desde hace unos cinco años. Carmen Donoso cree que nunca se ha efectuado una correcta fiscalización. “Aquí cada quien hace lo que es más conveniente. Si me tengo que parar en donde dice no estacione para ir a la farmacia rapidito, comprar la medicina e irme lo hago. Al final nadie dice nada”.
Tony Porras, jefe de tránsito de la Policía de Valencia, y Ceballos coinciden en que es necesario reactivar los planes de educación vial para que el ciudadano recupere la noción de lo que está bien y lo que no. Para ellos ese es el meollo del asunto.
En el centro de la ciudad es imposible encontrar espacios para el libre tránsito, dos palabras que deben ser garantizadas según la ley. Un centenar de carros aparcados a cada lado de las angostas calles lo dificultan.
El artículo 74 de la LOTT establece que las autoridades de los órganos competentes tienen el deber de garantizar la circulación peatonal y vehicular por las vías públicas de manera segura y sin ningún inconveniente.
Estacionar vehículos en calles como Páez, Rondón y Díaz Moreno es una violación a la ley. Estas tienen una franja amarilla en el borde de la acera, cuyo significado es “Prohibido estacionarse”. Este rayado cubre con precariedad la mayoría de las aceras, pero el ciudadano hace caso omiso. En otros lugares casi no se distingue.
El artículo 76 responsabiliza a las autoridades administrativas de los organismos pertinentes de preservar los rayados y señalizaciones viales para que el libre transito se mantenga en la ciudad, así como garantizar la educación en esta materia.
El escenario se enturbia cuando se observa el rayado blanco, indicativo de «Área para estacionarse». Frente a la casa del General, José Antonio Páez hay una de estas. Caben tres vehículos, pero cuatro conos de seguridad hechos de hierro impiden que alguien aparque ahí. Están día y noche porque los cuidadores tienen un negocio que comparten con los que lavan carros. Estos últimos controlan varias metros de aceras de la calle Rondón. Hay unos envases que alertan a todos, que ahí sólo se paran los que van a lavar su carro.
Estacionarse en los puestos de los cuidacarros obliga a los ciudadanos a darle algo de dinero al de chaleco reflectante, siempre con una paca de billetes en las manos. Ellos dirigen el tráfico y saben cuando alguien entra y sale. Su función no es necesaria porque cada quien debe saber en donde estacionarse y en donde no. Tampoco garantizan ningún tipo de seguridad para el usuario.
Nestor Colmenares trabaja como mototaxista en el centro, su vehículo está sobre la acera junto a otras más. Usa casco por su seguridad, pero también viola la ley cuando su moto ocupa espacios diseñados para que los peatones caminen. A pesar de saberlo, afirma que la ley no se cumple.“Si aquí se pusieran a ponerle multas a todo el que hace algo mal se harían ricos”.
En la Policía de Valencia, Porras afirmó que sólo hay 12 funcionarios homologados para esta labor, de un total de 45 uniformados a sus órdenes. Deben ser distribuidos en cinco anillos de seguridad vial, distribuidos en: Avenida Bolívar norte, Redoma de Guaparo y Viñedo; Cedeño, Autopista del Este y Camoruco; Zona Industrial, Bucarales, Flor Amarillo y elevado de La Michelena; y dos puntos al sur de Valencia. De estas sólo dos funcionan con recurrencia, debido a la falta de funcionarios.
La moto de Colmenares no es la única aparcada en una zona prohibida. Al frente hay una parada al lado de un kiosco, y en el Boulevard Constitución hay más de diez en distintas zonas. Caminar por ahí es complicado, pero los conductores de motocicletas utilizan esas calles como atajo.
Es delicado que una zona diseñada exclusivamente para peatones sea invadida por vehículos. Esto pone la seguridad de niños, jóvenes adultos y ancianos en peligro. En el trayecto de este boulevard se encuentra una de las sedes de la Policía de Valencia y frente a ella pasan los motorizados, y son los funcionarios de la Policía de Carabobo quienes suben y bajan, en vez de utilizar las vías habilitadas. tampoco utilizan cascos y llevar parrilleros externos el cuerpo de seguridad.
En la calle Colombia hay una fila de camionetas y carros. Dos de sus ruedas ocupan el asfalto y las otras dos la acera. Hay un funcionario de la Policía de Carabobo a una cuadra de distancia de este y un camión 350 que se estaciona frente a Ipostel. No parece importarle, aunque llama al conductor para pedirle explicaciones, pero el hombre le dice que no tardará mucho. Pasan 20 minutos y el camión sigue mal estacionado, el uniformado descansa en una cómoda silla.
Esta realidad es latente en todos los cuerpos de seguridad. El jefe de tránsito de la municipal de Valencia habla por la suya y afirma que hay sanciones hacia los uniformados que incurran en este delito, pero insiste en que el problema principal es la poca educación.
No muy lejos de ahí, en la avenida Cedeño, confluye una cantidad de carabobeños que se desplaza de lado a lado. La salida del metro hace que el tráfico en la zona sea denso. Los autobuses descargan pasajeros en el canal rápido y sobre el rayado, mientras un grupo de peatones cruza la avenida con la luz en verde. El corneteo es irritante y cada quien escoge su momento para presionar el acelerador y continuar su trayecto.
El desfile de motorizados sin casco es rutinario. Los taxistas están estacionados frente a la estación del metro. Uno de ellos es Carlos Hernández, sentado en una silla sin espaldar espera a un nuevo cliente. Cuando se le pregunta por qué está estacionado en una zona prohibida abre sus ojos de par en par y mira el Spark gris parado sobre el rayado. «Bueno es que uno está trabajando y los policías lo saben».
La ausencia de funcionarios es otro factor que incide. Cada vez menos personas quieren unirse a la labor de policía. Para Porras es utópico pensar que en Carabobo se logrará la cantidad necesaria de uniformados. Sobre las multas, detalla que es difícil colocarle una a cada ciudadano infractor porque una tickera cuesta más de cinco millones, precio que se eleva cada semana.
El nivel de violación a las normas es tan elevado en Carabobo que ni si quiera aquellos que el pueblo escogió para legislar las cumplen. El diputado Carlos Lozano espera a que el semáforo se ponga en verde para enrumbarse a la avenida Fernando Figueredo. Sus compañeros llevan cascos. Él en cambio lleva su típico sombrero como protección.
El artículo 73 de la LOTT establece que todo conductor de seguridad está obligado a conducir en un correcto estado de salud, portar los documentos requeridos para la conducción y utilizar todos los implementos de seguridad y exigirlos a los otros ocupantes de asiento
En el norte de Valencia, detrás del Shopping Center, hay una calle que era doble vía. Desde 2016 es de un sólo sentido y uno de sus lados es exclusivo para aparcar. El otro no y el que lo haga puede ser remolcado. Hay dos avisos en grande que así lo indican, pero el cuidador de la calle Los Árboles, José López, con 18 años como trabajador del sitio, sabe que desde hace más de tres meses los funcionarios no acuden al sitio. «Ellos deberían estar aquí todos los días y si vienen una o dos horas, pero no remolcan carros. Les dan una charla y luego la gente se va y lo vuelve a hacer».
Vive de las propinas que algunos les dan. Muchos se van sin pagar, pero no culpa a la gente que se estaciona en zonas prohibidas. «La crisis está fuerte. No todos pueden gastar un dineral en estacionamientos. Es más fácil pararse afuera, porque muchos se bajan diez minutos y se van».
El factor económico incide de forma directa en el cumplimiento de las normas. Porras, quien ejerció como jefe de la municipal hace varios años, aseguró que los altos costos impiden que las cosas fluyan. «No puedes obligar a la gente a comprar cascos, repuestos para vehículos o vidrios para las ventanas porque los costos son inimaginables ¿Cómo se les pone una multa?». Sin embargo hay reglas quebrantadas, como el uso de cinturón de seguridad o el respeto a los semáforos, que escapan de estas razones y recaen en la poca fiscalización.
En la Avenida Bolívar la situación del transporte público es una clara violación a la LOTT por parte de conductores y pasajeros. La crisis de repuestos ha provocado una disminución de unidades y por ende una sobrepoblación en las pocas habilitadas. Pero, las historias de los autobuses llenos en donde el colector grita «Para atrás, para atrás que ahí entra más gente», no son nuevas.
Muchas veces la cantidad de personas que viaja parada y guindada de las puertas supera a la que está sentada. El vehículo acelera y se ve como va de lado, pareciese que en cualquier curva caerá y los fiscales le pasan por los lados, pero nadie hace nada.
El Artículo 106 de la LOTT hace referencia al deber que tienen los conductores de estos transportes de dar un servicio cómodo a sus pasajeros, así como una tarifa fija que se adecue a las condiciones del vehículo que abordan. Si la unidad presenta problemas, el público debe estar informado. Inclusive el artículo 178 da competencias a las autoridades para bajar a los pasajeros en el caso de sobrecarga.
Ceballos enfatiza que la situación actual del país impide que las leyes se cumplan a cabalidad. «Cómo multamos a un conductor de esos 350 si al final está ayudando a aplacar el problema». A dos meses de la llegada del gobernador Lacava a Carabobo, hay cerca de 90 unidades de Transcarabobo, cantidad muy por debajo de lo necesario, pero superior a la que recibió tras el cambio de gobierno, 18.
No se trata de simples multas. El artículo 118 de la citada ley afirma que si una unidad no cuenta con parabrisas, cauchos, o los medidores del vehículo funcionado, eL instituto podrá suspender la unidad por el tiempo estimado para la infracción. Lo mismo ocurre con los aumentos de tarifas sin autorización. Además esto puede ser penado con 10 unidades tributarias, según el artículo 169.
Los conductores de buses se estacionan donde quieren. Las paradas han desaparecido, al igual que su señalización, aún cuando el INTT debe garantizar que estas sean visibles. En la parada de el Centro Comercial Camoruco hay una, pero el rectángulo blanco con la palabra «Bus» ya no se entiende y las personas esperan a unos metros de ahí justo a la salida del estacionamiento. Algunos están parados sobre la avenida porque la unidad no se para donde debe, si no que ocupa un canal de la vía para descargar y cargar.
Ceballos admite que hubo fallas durante el gobierno de Francisco Ameliach, a quien vio una sóla vez desde su llegada al INTT. Ahora que también es presidente de Transcarabobo, tiene la certeza que harán muchas cosas por el desarrollo de la vialidad carabobeña, que desde hace más de cinco años está en sus manos. «El Gobernador me confirmó los recursos».
Betania Santamaría es usuaria fija del transporte público carabobeño. Ella sabe que el lugar sobre el que está es la parada de autobuses. Sin embargo cuando se le pregunta en dónde está afirma»Bueno aquí», luego sonríe. Pero, cuando se le notifica que a unos metros de ella está la verdadera parada, la mujer se lleva las manos a la boca. «Yo también rompo la ley».
A medida que el conductor se aleja del norte de la ciudad y se adentra en el sur la situación cambia. Los motorizados manejan sin cascos, algunos sin las luces reglamentarias y otros sin los espejos retrovisores. En la avenida Sesquicentenaria hay una ciclovía, en donde pueden transitar las motos y las bicicletas, pero son los mendigos y la basura quienes ocupan esta opción poco usual en la vialidad carabobeña.
La cantidad de menores de edad que montan en motos en compañía de adultos es abrumadora. Se les ve con uniforme escolar, en edad de lactancia y adolescentes. Cerca del Hospital Central, un hombre lleva a su hijo en la parrillera sin ningún tipo de protección. Más adelante una pareja aprisiona entre sus cuerpos a un bebé de unos meses, que parece asfixiarse entre la barriga de su madre y la espalda de su padre. En la Intercomunal Plaza de Toros La Isabelica otro padre pone a su hijo a sostener un enorme galón lleno de agua.
Desde que a principios de noviembre inciara el Plan Navidades Felices, se observa una mayor presencia de funcionarios. Los que más ocupan la calle son los del municipio Valencia. Su objetivo es que todo esté bajo control en las vialidades. Tres uniformados con chalecos azules mueven sus manos en medio de la calle, mientras los conductores bajan con premura los vidrios y sonríen porque llevan puesto el cinturón. A muchos se les ve desde atrás, como con desespero se ponen el implemento de seguridad para evitar multas o la tediosa charla.
Los funcionarios se niegan a declarar pero admiten sentirse orgullosos de su labor y concuerdan en que este diciembre será tranquilo. Ellos no ponen multas, pero tratan de mantener el orden. Sin embargo, frente a un concesionario de carros está parada la camioneta en la que andan los uniformados. Esta está estacionada junto al rayado amarillo. Es también una violación a la ley, pero nadie se atreve a decir nada.
Cuando este encuentro entre el funcionario y el ciudadano infractor ocurre se crea otro factor muy común en la Venezuela de hace unos años: La matraca. Porras admite que es un mal generalizado en en el país, pero apunta al ciudadano como culpable por hacer el ofrecimiento, mientras que al uniformado lo excusa debido a su bajo salario, el mínimo establecido. Ambas partes, sin embargo, son igual de culpables por buscar un camino rápido para evitar la burocracia de lo legal.
La realidad es que hay un choque entre las leyes, la poca conciencia ciudadana, la ineficiencia de los funcionarios y una crisis económica, política y social que ha provocado el decaimiento en el respeto a las leyes. El país no cuenta con las condiciones para que el 100% de los artículos se apliquen, porque respetar semáforos de noche es una sentencia a muerte, mientras algunos funcionarios afirman no usar cascos porque hacen trayectos cortos. Es un hecho que la educación debe ser la principal vía de reincorporación legal. pero hay un vacío de valores en la sociedad que tanto Porras como Ceballos admiten como la gran traba en esta coyuntura actual.
