En un comunicado, el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionó que la modificación abra las puertas a la reelección de los actuales magistrados del máximo juzgado, por considerarlo “un factor de fragilidad para la independencia judicial”. ¿La razón? “Una persona operadora de justicia que pretenda ser reelegida corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión, o de que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables”, explicó la instancia.
«La Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica del TSJ establece que “los magistrados que para la fecha de entrada en vigencia de esta Ley no hayan culminado el período para el cual fueron designados podrán volver a postularse para ejercer estos cargos”.
Esta norma permitiría a todos los miembros actuales del TSJ competir por sus puestos nuevamente, incluso a los siete (Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza, Malaquías Gil, Jhanett Madriz, Eulalia Guerrero y Mónica Misticchio) cuyos mandatos expiran este diciembre.
El dispositivo anterior va a contracorriente de lo establecido en el artículo 264 de la Constitución, el cual señala que los magistrados del TSJ “serán elegidos por un único período de 12 años”.
Método dudoso
La CIDH no entró a valorar la decisión de reducir de 32 a 20 el número de integrantes del máximo juzgado, pero sí la composición del Comité de Postulaciones Judicial.
La instancia criticó que la mayoría de los miembros del organismo que evaluarán a los aspirantes a conformar el TSJ sean diputados, en lugar de representantes de la sociedad, tal y como manda la carta magna.
El artículo 270 del texto fundamental estipula: “El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Ciudadano para la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces de la jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley”.
“Aumentar el número de personas diputadas en el comité de postulaciones tiende a profundizar la crisis institucional debido a que las elecciones parlamentarias de 2020 no gozaron de condiciones mínimas para ser consideradas libres o justas”, apuntó, al tiempo que el proceso de selección goce de la debida publicidad, participación y transparencia.
Tras afirmar que coincide con la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, impulsada por Naciones Unidas, cuando señala que “el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”, la CIDH reclamó del Gobierno que se adopten “reformas verdaderamente comprometidas con la consolidación de la independencia del TSJ respecto del Poder Ejecutivo y la reconstrucción de un sistema de pesos y contrapesos”.
Cambiando las reglas
El pronunciamiento de la CIDH se produce horas después de que el Comité de Postulaciones Judiciales anunciara una prórroga, de 72 horas, para la presentación de candidaturas a magistrados, la cual se debería a la cantidad de nominaciones que han recibido. Al menos así lo aseguró su vicepresidente, el diputado “opositor” José Gregorio Correa.
“Tenemos a más de 300 personas que confían en que este Parlamento dé un nuevo rostro a la justicia venezolana”, dijo a la estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El plazo cerrará este viernes a las 5:00 de la tarde y a partir de allí la instancia tendrá menos de dos semanas para presentar su lista al Consejo Moral Republicano.
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