La cobertura sanitaria para inmigrantes, una asignatura pendiente en España

caída de población en España
Foto referencial EFE/Archivo
Llegar a España y esperar casi un año para poder ir al médico es la realidad de miles de extranjeros que migran al país en busca de una vida mejor y que, por "falta de voluntad política", ven lastrado este derecho.

Es lo que denuncia en una entrevista con EFE el médico español Nacho Revuelta, de la asociación de sanitarios Yo Sí Sanidad Universal, con motivo del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, y destaca que en España esta cuestión sigue siendo "una asignatura pendiente".

El 12 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que instaba a los países a acelerar los progresos hacia la consecución de la cobertura sanitaria universal, para que todas las personas, en cualquier lugar, tengan acceso a servicios de salud de calidad y asequibles.

Revuelta explica que fue precisamente a partir de 2012, cuando España modificó su legislación sobre la atención sanitaria a migrantes, cuando estas personas empezaron a encontrar trabas para acceder a la sanidad pública.

La ley actual, de 2018, pretendía reinstaurar la sanidad universal, pero, a pesar de ello, “esto está lejos de cumplirse", asegura.

Y es que una persona extranjera que llega a España para quedarse tiene que, para empezar los trámites de solicitud de la tarjeta sanitaria en la mayoría de las regiones, presentar un padrón domiciliario de un mínimo de 90 días.

"Hasta que consiguen una tarjeta sanitaria, que puede tardar más de seis meses, no les queda nada", ya que acudir al sistema público va a generar una "factura" que "puede interferir en un proceso de regulación posterior", se queja Revuelta.

Un largo proceso que "causa un daño y sufrimiento enorme", asume Revuelta, quien recuerda que hay estudios que revelan que la tasa de mortalidad de personas en situación irregular en España aumentó, entre 2012 y 2015, "en un 15 por ciento".

Actualmente hay en España cerca de medio millón de inmigrantes irregulares, según estiman algunas organizaciones.

LA COBERTURA UNIVERSAL, "FÁCIL" DE LOGRAR

Revuelta subraya que el problema del acceso de los migrantes a la sanidad pública "es fácil de solucionar" y que "simplemente se necesita voluntad política".

"No es una cuestión de dinero, el 75% de los gastos del sistema sanitario son estructurales, no se modifican porque haya más o menos ciudadanos atendidos", argumenta.

Destaca que la región del País Vasco (norte) calculó "cuánto se ahorraba con la expulsión de los migrantes" del sistema sanitario en ese territorio, y fue "un 0,2 por ciento, algo irrelevante".

Por ello, insiste en que resolver esta cuestión evitaría primero "sufrimiento, morbilidad y muertes", pero también en que "a la larga es más costoso tratar enfermedades que pueden ser prevenidas o diagnosticadas precozmente".

"Es preferible una sociedad homogénea que no produce desigualdad, se ha demostrado que la desigualdad es perjudicial para toda la sociedad", añade.

MESES Y HASTA AÑOS ESPERANDO A TENER SANIDAD PÚBLICA

María (nombre ficticio) llegó a España hace casi seis años procedente de Venezuela, huyendo de la crisis política y social de su país, con la esperanza de una vida mejor y con más derechos.

Lamenta que las administraciones la "mareen" con los trámites para obtener la tarjeta sanitaria y asegura que desde que llegó solo la han atendido dos veces en centros sanitarios públicos.

"Es increíble que te pasen una factura en un servicio público, a mí en el centro de salud no me atienden ni siquiera en emergencias", denuncia María, madre de un niño al que, según indica, "le dieron de baja" en la base de datos de sanidad "sin previo aviso".

"Es horrible; en mi país, los europeos van y al mes tienen la documentación, nosotros nos vinimos por necesidad, igual que los españoles vinieron, lo más correcto es que nos den la oportunidad", insiste.

La mujer explica que esta situación se ha convertido en un círculo vicioso: "Me dicen los abogados de extranjería que tengo derecho, que contrate un abogado privado, pero no tengo dinero y yo no puedo esperar todo el tiempo que tardan en designarme uno público".

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