En las elecciones de Asamblea Constituyente y las de gobernadores de 2017, y en las presidenciales de 2018, el chavismo se inventó millones de votos: unos 5 millones de votos por evento, sacando el promedio. El próximo 6 de diciembre habrá elecciones parlamentarias en Venezuela, descalificadas de antemano por la oposición a la dictadura, por el gobierno interino y por medio mundo, pero de ahí saldrá una Asamblea Nacional electa por una minoría que se convertirá en mayoría con votos fantasmas y la bendición del Ministerio de Elecciones. Así ha pasado en los últimos años y así volverá a pasar.
Para el 12 de diciembre, el gobierno interino tiene previsto realizar una consulta electoral, abierta a todos los ciudadanos venezolanos dentro y fuera del país –se podrá votar en línea-, con unas preguntas que aún no se conocen del todo pero que obviamente tendrán que ver con el desconocimiento de las elecciones del 6D, el rechazo a la dictadura y algo más. Según los expositores de un foro virtual al que asistí hace unos días, la consulta es un mecanismo que está previsto en la constitución, se puede llevar a cabo sin la tutela del CNE y encima tiene carácter vinculante. O sea, que los ciudadanos organizados programarán su elección, convocarán a la gente y se recibirá un mandato de los votantes para ejecutarlo tan pronto como sea posible.
Mientras que el régimen tiene el poder y los cañones para montar su parapeto y, luego, con unos resultados “oficiales” proclamar a una Asamblea que no representará a nadie pero que se instalará en la sede el congreso nacional, el sector opositor no tiene poder real para impedir la consumación de la trampa. Tras la consulta del 12D, quienes se designen como sus representantes quedarán investidos de una autoridad simbólica –siempre que el número de votantes sea, como mínimo, superior a los 7 millones del 17J de 2017- y tendrán unas evidencias y unas cifras que le presentarán a la comunidad internacional para informarles que se cumplió el proceso. Informarán que el soberano habló y 10, 12 o 15 millones de personas respondieron afirmativamente a las preguntas, entre las cuales deberá estar alguna que diga que el régimen se tiene que ir. El régimen, por su parte, ignorará por completo la respuesta de la gente y seguirá con su business as usual con AN de estreno. Y si tiene que usar la fuerza para ocupar el congreso e instalar a su gente, lo hará sin pestañar, que ya en eso tiene experiencia.
La jugada de la consulta tiene su riesgo. Para empezar, los rojos harán lo que puedan para sabotearla, pero eso es solo el comienzo. Los votos del 6D ya estarán a la vista y, chimbos o no, serán la medida con que se tendrá que comparar la participación en la convocatoria opositora. Y sobre todo, hay que ponderar si la gente está dispuesta a sumarse a una iniciativa que parece repetir el esfuerzo de 2017, pero en medio de una pandemia y con un ánimo popular que está más cerca de la supervivencia que de la acción política.
Finalmente, queda por resolver una gran interrogante, que es el impacto –real y tangible- que tendrán los resultados. El que la consulta sea vinculante le resbala al régimen, porque ellos están acostumbrados a no respetar las leyes ni la constitución, y para eso tienen jueces a sueldo que se encargarán –si les hace falta- de sacar argumentos rebuscados que desvirtúen la legalidad del proceso. Y como tienen a la fuerza de su lado, clavarán los talones en el piso y aquí no ha pasado nada. El otro destinatario del mensaje, la comunidad internacional, comprobará lo que ya todos saben, dará unas declaraciones de apoyo, quizás unas nuevas sanciones y hasta ahí. Habrá unos argumentos nuevos para seguir la ofensiva contra la dictadura, y quizás para reconocer la permanencia de la AN electa en 2015, pero nadie puede pretender que se concrete una intervención externa (si es eso lo que se busca), por mucho que la gente la pida.
La consulta, se entiende, es una estrategia que responde a aquel llamado de la Iglesia diciendo que la abstención no basta. Que hay que ir a más. Pero, y siempre hay un pero, hay que asegurarse de que con el “a más” no se retroceda en lugar de avanzar. En esto, la clave es la participación masiva de los ciudadanos. Y en esto mismo se encuentra el mayor riesgo.
