Cuatro sacerdotes culpables de conspirar
El obispo Rolando Álvarez. Foto archivo: Cortesía Picture Alliance

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió este miércoles una resolución en la que ordena a Nicaragua liberar al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por negarse a abandonar el país con destino a Estados Unidos.

La CorteIDH otorgó medidas provisionales en las que ordena a Nicaragua que «de forma inmediata proceda a la liberación de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, asimismo para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal».

Los jueces también ordenado que mientras se llevan a cabo los trámites administrativos para la liberación inmediata Álvarez, el Estado debe «garantizar un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados».

La CorteIDH informó que esta resolución, notificó este miércoles al Estado, se basa en que encontró que Álvarez «se encuentra en una situación de gravedad de que se consumen daños irreparables a su vida, salud e integridad personal».

Además, los jueces sostuvieron que esta situación se agrava debido a que habría sido condenado a la pérdida de derechos ciudadanos de carácter perpetuo y a la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, lo que lo coloca en «una situación de extrema vulnerabilidad».

Esta resolución se suma a otras que la CorteIDH giró durante meses en favor de decenas de personas consideradas como presos políticos en Nicaragua, la última de ellas en enero de 2023, sin que fueran acatadas por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Según la información de la CorteIDH, hasta noviembre pasado Nicaragua había remitido 19 comunicaciones en las que manifestó su rechazo a las medidas provisionales «por considerar que las mismas siguen un guión impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica» e «incluyen una narrativa parcializada».

En febrero de 2023 el Gobierno de Ortega excarceló y expulsó del país a 222 presos políticos, que fueron trasladados a Washington en un avión fletado por el Gobierno estadounidense. El obispo Álvarez se neggó a abandonar el país, y como consecuencia fue sentenciado a 26 años de prisión, despojado de su ciudadanía y trasladado de su arresto domiciliario a la cárcel.

Además, Ortega ha declarado interrumpidas las relaciones bilaterales con el Vaticano y ha calificado como una «mafia» a la Iglesia, a la que la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.




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