CPI celebrará audiencia de apelación en torno a la reanudación de la investigación sobre Venezuela
Corte Penal Internacional / Foto: Archivo

La Corte Penal Internacional (CPI) reiteró este martes sus críticas a Rusia después de que el Ministerio del Interior de ese país haya incluido en su lista de personas más buscadas al presidente de ese tribunal, Piotr Hofmanski, que ordenó en marzo pasado el arresto del presidente ruso, Vladímir Putin.

Contactado por Efe, un portavoz de la CPI recordó las declaraciones de los últimos meses condenando la actuación de Moscú por «las medidas coercitivas injustificadas» adoptadas contra funcionarios de la CPI por parte de las autoridades rusas.

«La CPI considera estas medidas inaceptables. La Corte seguirá firme en el desempeño de su mandato legítimo de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto», indicó el tribunal con sede en La Haya en un comunicado.

La misma corte hizo hincapié en su «firme apoyo» a su personal y funcionarios y pidió a todos sus Estados Partes y a las partes interesadas del Estatuto de Roma a «intensificar sus esfuerzos para proteger a la Corte, a sus funcionarios y su personal, y garantizar que sea capaz de seguir cumpliendo su mandato independiente».

El Ministerio del Interior de Rusia declaró el domingo en busca y captura a Piotr Hofmanski, que ordenó en marzo pasado el arresto del presidente ruso, Vladímir Putin, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

Hofmanski es buscado en virtud de un artículo del código penal, señala la base de datos del ministerio, que no precisa el motivo exacto de la persecución.

También han sido declarados en busca y captura la vicepresidenta, Luz del Carmen Ibáñez, y el juez de la CPI Bertram Schmitt.

En mayo pasado, Moscú ya declaró en busca y captura al fiscal de la misma corte, Karim Ahmad Khan, que fue quien dictó la orden de arresto.

La CPI emitió el 17 de marzo una orden de arresto contra Putin como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.

También emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

El Kremlin aseguró que no reconoce la jurisdicción del tribunal y considera «nula jurídicamente» la orden de arresto contra el jefe del Estado ruso.

El Comité de Instrucción de Rusia inició un caso penal contra el fiscal y los jueces de la CPI, al señalar que la persecución penal del presidente ruso «tiene un deliberado carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal».

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