Miembros de la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), custodian los alrededores de la Casa Presidencial este viernes durante un allanamiento al recinto, en San José, Costa Rica. / Foto EFE

La Fiscalía de Costa Rica allanó este viernes la Casa Presidencial como parte de las investigaciones acerca de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos y la posibilidad de que haya tenido acceso ilegalmente a información sensible de la población.

La Fiscalía General de la República indicó en un comunicado que se encuentra “dirigiendo 10 allanamientos relacionados con una investigación que se tramita en este despacho por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato”.

Las diligencias se efectúan en la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro casas de habitación de funcionarios.

La Fiscalía explicó que en el expediente son investigadas a ocho personas: el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Victor Morales, y otros funcionarios de Gobierno de apellidos Soto Castro, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos, Fernández Montero, Salazar Muñoz y Salas Hernández.

“De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal”, indica la información de la Fiscalía.

El documento agrega que “se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto”.

El caso se refiere a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos que fue creada por un decreto publicado el 17 de febrero y que cuatro días después el Gobierno se vio obligado a derogar debido a una lluvia de críticas por parte de la oposición y de otros sectores acerca de la posibilidad de que esa unidad accediera a datos confidenciales de la población.

La gran polémica surgió del artículo 7 de ese decreto, el cual indicaba que “las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD (Unidad Presidencial de Análisis de Datos) para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado”.

El artículo agregaba que “también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD”.

El Gobierno asegura que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabaja en Casa Presidencial desde hace 18 meses y el mismo presidente Alvarado reconoció que hubo “errores” en la redacción del decreto, por lo cual fue derogado.

El Gobierno también asegura que nunca hubo acceso a datos sensibles porque ese no era el objetivo y porque además las leyes lo impiden, y que derogó el decreto para abrir un espacio de discusión sobre la necesidad de hacer política pública basada en la ciencia de los datos.




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