El departamento de La Guajira, situado en el extremo norte de Colombia y limítrofe con Venezuela, se debate hoy entre dos crisis: la del país vecino que ha mermado su suministro de combustibles y el comercio local, y la corrupción que tiene a sus cinco últimos gobernadores electos tras rejas.
«La Guajira tiene un conjunto de conflictos, algunos de los cuales tienen su origen en el surgimiento mismo de la República, y otros tiene que ver con coyunturas como las que vivimos actualmente en nuestra relación con Venezuela», afirmó el gobernador encargado, Weildler Guerra, al hacer una radiografía de la zona.
Esta región desértica de poco menos de un millón de habitantes, identificada por años como epicentro del contrabando en el Caribe, esta entre las grandes preocupaciones del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Numerosos casos de desnutrición infantil, la sequía por el fenómeno de El Niño que vivió el país entre 2015 y 2016 y el cierre de la frontera con Venezuela desde agosto de 2015 pusieron a La Guajira en la lista de asuntos prioritarios.
A juicio del gobernador encargado de La Guajira, la situación de la frontera ha golpeado «de manera muy particular» a los comerciantes locales y en especial a los de Maicao, el primer centro urbano al que se llega por tierra desde Venezuela y que, aseguró, era «el lugar que vendía mercancías» al vecino país.
«En la medida en que colapsó gradualmente la economía venezolana hasta llegar a un estado de desmantelamiento, hemos tenido una crisis porque ya no tenemos el país al cual venderle», dijo Guerra a Efe, quien advirtió «la economía (de la etnia) wayúu estaba articulada a la economía venezolana».
Y las cifras muestran una reducción en la actividad productiva en esta región donde impera la economía informal.
Según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), Riohacha, la capital de La Guajira, ocupó en marzo el tercer lugar en la tasa de desempleo por ciudad, con un 16,7 %, superior al 15,1 % del mismo mes de 2016 y al total nacional en marzo, que fue de 9,7 %.
El Gobierno indica por su parte que entre 2014 y 2017 fueron atendidos 52.596 menores de edad en unidades móviles desplazadas a ese departamento para paliar los efectos de la sequía y la desnutrición infantil.
Del total de atendidos fueron detectados 1.966 niños con desnutrición aguda, la misma que, según medios locales, se cobró el año pasado la vida de 90 infantes.
«Tenemos que ser coherentes con una realidad histórica y es que nosotros comíamos bien, nos alimentábamos bien, aquí no había problema de ninguna especie porque teníamos a una Venezuelasubsidiada», declaró a Efe Hilduara Barliza, representante wayúu, quien añadió que se nota la crisis del país vecino.
El colapso venezolano también se ha hecho evidente en la reducción de la llegada de combustible, uno de los productos más codiciados por los contrabandistas fronterizos por su alto margen de ganancia.
El alcalde del municipio de La Jagua del Pilar, José Amiro Morón, recordó a Efe que Venezuela llegó a ser «el principal abastecedor de combustible de gasolina» de ese departamento y lamentó que «hoy se acabaron esas relaciones, se truncaron esos compromisos».
Lo que no se ha detenido es el flujo de venezolanos y de colombo-venezolanos que llegan a Colombia en busca de medicinas y alimentos que escasean en su país o para ganarse la vida.
Según Migración Colombia, las cédulas de extranjería entregadas a venezolanos pasaron de 11.429 en 2014 a 15.523 en 2016, y es notorio el crecimiento de la colonia de venezolanos en el país.
Pero la crisis de Venezuela no es la única preocupación de los guajiros. Su calvario lo completa la corrupción que ha llevado a sus últimos cinco gobernadores ante la Justicia y obligó a que Santos decretara en febrero pasado la intervención del manejo de los recursos de agua, educación y salud destinados a ese departamento.
Wílmer González Brito, elegido gobernador en noviembre pasado y en cuyo reemplazo fue nombrado Guerra, está bajo detención preventiva desde febrero por presuntas irregularidades durante su campaña electoral.
González Brito recibió el cargo del también encargado Jorge Enrique Vélez, designado por el presidente y quien reemplazaba a Oneida Pinto, cuya elección como gobernadora fue anulada en junio de 2016 por presuntas irregularidades en contratos y amenazas contra el propio Vélez.
El antecesor de Pinto, Juan Francisco «Kiko» Gómez (2012-2013), fue condenado por homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Otros gobernadores en líos judiciales son Jorge Eduardo Pérez Bernier (2008-2011), y José Luis González Crespo (2004-2007), condenado a 10 años de cárcel por peculado.
