La Corte Penal Internacional (CPI) recibió este martes un informe del opositor venezolano Wilmer Azuaje en el que se denuncia que seis personas fallecidas en el marco de la denominada Operación Gedeón resultaron ejecutadas, presuntamente, de forma extrajudicial.
«Analizaremos los materiales presentados, según corresponda, de acuerdo con el Estatuto de Roma y con total independencia e imparcialidad», dijo a Efe una fuente de la Fiscalía del tribunal con sede en La Haya.
El informe presentado por Azuaje consta de veinte páginas y varios anexos con 164 fotografías periciales tomadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, después de una frustrada incursión marítima.
La versión de Maduro
Según la versión que dio en su día el Gobierno de Nicolás Maduro, el pasado 3 de mayo se produjo un enfrentamiento entre militares venezolanos y un grupo incursor a su llegada a la costa de Macuto, en el estado de La Guaira, que terminó con seis fallecidos.
El presidente aseguró posteriormente que la operación tenía como «objetivo central» matarlo a él y acabar con su Gobierno.
En las duras imágenes entregadas a la CPI se ven tanto los cadáveres de las seis víctimas con balazos como la lancha que utilizaron para llegar a la costa, en la cual se aprecian cientos de disparos.
Tiros a quemarropa
El opositor Azuaje dijo a Efe que las fotos muestran que «todos los impactos de bala que presentan los cuerpos son de próximo contacto», es decir, «tiros a quemarropa», por lo que se trataría de «ejecuciones extrajudiciales».
Asimismo, en el informe se mencionan «heridas en diferentes partes del cuerpo» sufridas por los seis implicados «que pudieron causarlas el paso de un proyectil de arma de fuego y varias lesiones identificadas como abrasiones y laceraciones, las cuales se produjeron antes de la muerte».
En el mismo documento se concluye que «no existió un enfrentamiento armado» y que «las víctimas resultaron torturadas y ejecutadas extrajudicialmente».
Colaboración colombiana
Azuaje explicó que para poder entregar el informe a la CPI ha contado con la colaboración del Gobierno de Colombia y que las fotografías periciales llegaron a su poder gracias a funcionarios venezolanos que permanecen en el anonimato.
La Fiscalía del tribunal internacional debe evaluar ahora si la documentación entregada «se refiere a cuestiones manifiestamente ajenas a la competencia de la corte», dijo la fuente judicial consultada por Efe.
«Tan pronto como tomemos una decisión sobre el siguiente paso apropiado, informaremos al remitente y le proporcionaremos los motivos de nuestra decisión», añadió la misma fuente.
La Fiscalía de la CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
Ese examen preliminar actual no cuenta con plazos determinados ni supone una investigación formal. Para que las pesquisas de la CPI se abran, la fiscal jefe Fatou Bensouda tendría que llegar a la conclusión de que se cumplen todos los requisitos establecidos, lo que de momento no ha sucedido. EFE
