(Foto AFP)

La Iglesia católica de Nicaragua rechazó el jueves reemprender el diálogo entre el gobierno y la oposición para acabar con las protestas que azotan al país, tras un jornada con violentos enfrentamientos que dejaron 11 muertos y que elevan a casi un centenar la cifra de fallecidos en un mes y medio.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció que no reanudará el diálogo en busca de una salida a la crisis que atraviesa el país mientras “el pueblo siga siendo reprimido y asesinado”.

El anuncio llega después de una jornada violenta el miércoles, en la que según un informe preliminar del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) murieron 11 personas y otras 79 resultaron heridas en las ciudades de Managua, León y Masaya.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en un video publicado en la web este jueves, condenó “los asesinatos” del miércoles y tras solidarizarse con las familia de las víctimas, llamó al estado a “detener la violencia de estos factores represivos”.

En Managua, la jornada del miércoles dejó escenas de pánico, cuando la multitudinaria marcha opositora llegaba a la Universidad Centroamericana (UCA) y tuvo que buscar refugio en comercios cercanos y la Catedral debido a los disparos de las fuerzas de seguridad y grupos afines al gobierno de Daniel Ortega, quien poco antes aseguró que no dejaría el cargo.

Sin embargo, el gobierno señaló en un comunicado que esos actos obedecen a grupos de oposición con “agendas políticas específicas” que buscan “aterrorizar” a la población, lo que calificó como “una conspiración” que pretende destruir la seguridad y la vida en el país.

Estos incidentes entre opositores, policías y grupos afines al gobierno son unos de los más violentos que se viven en la capital y elevan a 98 la cifra de fallecidos desde que comenzaran las protestas el 18 de abril.

“Los agresores fueron la policía represiva y las fuerzas de choque” que responden al presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, indica el informe de CENIDH.

El gobierno negó que tenga fuerzas de choque y rechazó la responsabilidad en los últimos hechos de violencia.

Durante los incidentes también resultaron quemadas instalaciones de la emisora oficialista Radio Ya, una cooperativa de crédito rural, en tanto resultó destruida la fachada del estadio nacional de béisbol.

También fueron atacados el canal opositor 100% Noticias y las plantas de transmisión de la también opositora radio Darío, en León, denunciaron sus propietarios.

– Ortega desafiante –
Mientras centenares de miles marchaban por la carretera a Masaya, encabezada por madres que han perdido a sus hijos, Ortega relativizó el miércoles su demanda en un acto ante seguidores en la concurrida avenida Bolívar, en el centro histórico de Managua.

Manifestó que aunque el dolor de las madres es inmenso por la perdida de sus hijos, eso “no puede llevar a la destrucción (…) ni llevar nuevamente a la guerra”, en alusión a las protestas ciudadanas que demandan justicia para los fallecidos.

“Aquí nos quedamos todos”, espetó Ortega al rechazar el llamado de empresarios, estudiantes y sociedad civil de que deje el poder.

La relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, se pronunció a través de Twitter sobre los incidentes y reiteró su petición al estado a su “deber de garantizar la vida y integridad de todos los manifestantes”.

Igualmente, la congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen rechazó las agresiones a los manifestantes en el mismo día en que Nicaragua accedió a aceptar la llegada de un organismo independiente de la CIDH para investigar las muertes durante las protestas.

“Ortega, asesino y corrupto, no engaña a nadie. El día que accedió a formar un grupo para investigar (los) ataques que él mismo ha ordenado, envía una vez más a la policía y simpatizantes para atacar y matar a (la) multitud que reclama su salida inmediata. Sanciones de Estados Unidos, no las podrá esquivar”, dijo Lehtinen en Twitter.

El Parlamento Europeo, por su parte, en una resolución no legislativa, denunció el deterioro de la democracia y el estado de derecho en Nicaragua en los últimos 10 años, en los que Ortega ha gobernado.

La resolución menciona que Ortega se mantiene en el poder gracias a la irregular supresión de una norma que prohíbe la reelección indefinida y piden un amplio debate entre los nicaragüenses para neutralizar el poder judicial, poner fin a la impunidad y garantizar la pluralidad de los medios de comunicación, como factores esenciales para restablecer el orden democrático.




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