CPI
Foto cortesía El Nacional

Están abiertos, pero no resueltos. La mayoría de los casos presentados ante la Corte de Apelaciones siguen impunes, pese a los señalamientos del gobierno de que los investigan. Este miércoles, los propios abogados de Nicolás Maduro aseguraron que en la mayoría de las investigaciones que dicen que adelanta Venezuela aún no están identificados los sospechosos. «La investigación no ha alcanzado ese nivel, admitió el abogado británico Ben Emmerson, quien encabeza la representación.

Hubo varios momentos claves durante la segunda audiencia convocada para este miércoles por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI). En el primero, la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza preguntó sobre el avance de los 124 incidentes presentados ante el tribunal y que fueron avalados por la Corte como parte de la investigación que la fiscalía de ese organismo internacional, a cargo del fiscal Karim Khan, realiza.

La respuesta de los abogados de Maduro, quienes presentaron un recurso en contra de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, fue amplia: “Los datos actualizados en relación a esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”, dijo el abogado Aitor Martinez Jimenez.

La impunidad persiste en Venezuela

“En relación a los rangos, dentro de esos 124 incidentes nos encontramos con 15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos”,  agregó Martínez Jiménez.

A este reconocimiento de la lentitud en el avance de los casos, se sumó el señalamiento del abogado Ben Emmerson: «En algunos casos se han identificado los sospechosos y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel. Ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua».

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Los abogados oficialistas también argumentaron que la oficina de la Fiscalía de la Corte que funcionaría en Caracas y para cuya instalación el gobierno  venezolano debía colaborar, según acuerdo entre Maduro y el fiscal Khan a finales de marzo de este año, aún no está en funcionamiento. Según el analista Mariano del Alba, el abogado de Venezuela dejó en evidencia el retraso de las autoridades en cooperar con la @IntlCrimCourt para investigar.

La respuesta de la fiscalía de la CPI no tardó. «En 47 de los 62 casos no se identificaron a los perpetradores, mientras que 57 estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Además, en 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada».

Un argumento para apelar la decisión que autorizó la continuación de la investigación contra Venezuela, es que laFiscalía no remitió a la Corte la traducción al inglés de más de 25 mil páginas enviadas por Venezuela.

Según De Alba, si algunas de esas 25 mil páginas en efecto demostraran que las autoridades de #Venezuela está cumpliendo con su obligación de investigar y enjuiciar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, es obvio que el mismo gobierno las hubiese ya traducido y compartido. «La Sala de Apelaciones reconoció la discrecionalidad de la Corte para evaluar documentos y recordó que la obligación de demostrar que hay una investigación suficiente corresponde al Estado. Hoy quedó en evidencia que Venezuela no lo ha hecho».

Lesa humanidad y delitos ordinarios

El otro aspecto clave de la sesión fue la naturaleza de los crímenes. Según Anderson, los crímenes que la fiscalía de la CPI califica como de lesa humanidad, en Venezuela son delitos ordinarios. En consecuencia, para el representante chavista los procesos de investigación que se adelantan desde Venezuela y La Haya pueden diferir, pues los Estados no están en la obligación de investigar la misma conducta que la Fiscalía de la CPI.

Pero el representante de la Fiscalía internacional insistió en la necesidad de que los Estados demuestren que investigan los mismos tipos de conducta que esta instancia. «Los procedimientos nacionales de los Estados tienen que extenderse a las afirmaciones factuales, porque si no lo hacen no podrán examinar de manera adecuada ni pronunciarse sobre la responsabilidad penal y el alcance del daño».

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En Venezuela esto no ha ocurrido, según el fiscal. «No se han investigado los elementos factuales de crímenes de lesa humanidad. Venezuela tuvo una posición de que no han ocurrido crímenes de lesa humanidad, que no hubo ataque contra civiles y que no hubo una política de Estado, que los hechos solo podían ser hechos aislados o abusos de oficiales públicos que actuaron para oponerse a manifestaciones violentes”, recordó Khan

Pero además, Khan sabe que en los 62 casos presentados ante la CPI se se está procesando a los autores directos o de bajo nivel, y no a la cadena de mando.

El juez Marc Perrin de Brichambaut preguntó porqué Venezuela no ha incorporado en su legislación nacional la calificación de los crímenes de lesa humanidad que investiga la CPI.

Emerson respondió que el país fue el primero en la región en suscribir el Estatuto de Roma en la región. Alegó que el Estado no está en la obligación de incorporar esos delitos en su legislación ni tampoco de cualificar desde el punto de vista jurídico los crímenes sexuales y de género en el país.

La Fiscalía de la CPI, no obstante, tras concluir su examen preliminar identificó crímenes sexuales y de género contra más de 100 personas, que fueron notificados al Estado venezolano. «De la información suministrada por el gobierno, solo había un caso referido a violación y no se calificaba como un delito sexual en el procedimiento nacional, sino como tratamiento cruel. Investigar en base a estos elementos únicamente no necesariamente reflejará los daños graves sufridos por las víctimas de crímenes sexuales o de género».

El fiscal Khan atestiguó que la denominación de los crímenes puede constituir un factor importante. «Sabemos que según la legislación venezolana el trato cruel es un crimen grave, pero investigar bajo esos parámetros no necesariamente reflejará el daño sufrido por la víctima».

No hay crímenes de lesa humanidad sino un puñado de incidentes

En la única nota que sobre el importante caso reseñó este miércoles la agencia internacional EFE, la de la versión oficial, el ministro venezolano de Exteriores, Yvan Gil, aseguró hoy ante la Corte Penal Internacional (CPI) que “nunca han ocurrido” crímenes de lesa humanidad en Venezuela sino “un puñado de incidentes” que Caracas ya investiga, e instó al tribunal a usar sus recursos para casos como “la indecible conflagración de violencia” en Gaza.

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En una intervención tras dos días de audiencias en La Haya, en las que Caracas buscó frenar la investigación de la CPI, el ministro dijo que la justicia nacional ya lleva a cabo sus propios procesos y resumió que, hasta hoy, “más de 255 agentes del Estado fueron imputados, 64 acusados y 62 condenados” por lo que calificó de “casos de violaciones de derechos humanos que son interés” de la CPI y su fiscal Karim Khan.

En noviembre de 2021, la fiscalía anunció la apertura de una investigación formal tras finalizar un examen preliminar iniciado en base a una remisión de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, que denunciaron en crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

En abril del año pasado, Venezuela pidió diferir las investigaciones de Khan a favor de las autoridades nacionales, quienes seguirán buscando pesquisas en este caso.

Pero, en noviembre, Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que le autorice a reanudar esa investigación porque Caracas no estaba haciendo lo suficiente para investigar esos crímenes e imputar a altos cargos.

Tras meses de intercambio de réplicas, la Sala autorizó en junio retomar la investigación, al considerar que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.

Caracas recurrió esa decisión y aseguró que ya está investigando por su cuenta, y la CPI escuchó esta semana los argumentos de las partes en este sentido.

Puñado de incidentes

Gil consideró que la remisión de este caso respondió “a un claro objetivo político” y busca “utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.

Según su versión, se han “promovido y apoyado diversas acciones desde el extranjero” contra Venezuela, con “reiteradas manifestaciones de violencia callejera, intentos de golpes de Estado, e incluso el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro”, y, aseguró, Caracas “se vio forzada a actuar con herramientas que permite el derecho internacional, para garantizar la vigencia de la Constitución” y “evitar una guerra civil”.

“Evidentemente la magnitud e intensidad de las acciones de violencia pudieron dar lugar a incidentes aislados de exceso por parte de agentes del Estado. En todo caso, estos hechos valorados objetivamente constituyen delitos contra los derechos humanos, pero no pueden considerarse como crímenes de lesa humanidad”, advirtió.

Ratificó el “compromiso inquebrantable” de Venezuela con la CPI y aseguró que, a lo largo de todo el proceso desde 2018, Caracas compartió con la fiscalía “alrededor de 30.000 folios de documentos de diversa índole, incluyendo expedientes judiciales que dan cuenta del sostenido y productivo esfuerzo del sistema de justicia de Venezuela para investigar y sancionar los hechos ocurridos desde el año 2014”.

El ministro también señaló que los casos resueltos por la justicia venezolana superan con creces” las condenas en la CPI en sus veinte años de historia, “una realidad inobjetable” que demuestra, dijo, que su país es el mejor situado para garantizar la justicia porque sus investigadores tienen acceso directo a las pruebas y a los testigos, y la justicia local tiene más resonancia y garantiza la disuasión.

“Además, en un momento en el que asistimos a una indecible conflagración de violencia en Gaza, hay que preguntarse realmente si los limitados recursos de la Corte se emplean mejor invirtiendo en un puñado de incidentes en un país que está dispuesto y es capaz de hacer el trabajo por sí mismo”, defendió.

Reiteró que Venezuela “no tiene nada que esconder” y pidió “un trato justo, equilibrado y objetivo, que restablezca la legalidad quebrantada” con este proceso. EFE




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