El organismo de la ONU encargado de vigilar el
cumplimiento de los tratados antidrogas se mostró hoy preocupado por
la ley de Bolivia que amplió en 2017 la superficie de los cultivos
legales de hoja de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)
«reitera su preocupación» en su informe anual, difundido en Viena,
ante el hecho de que La Paz «haya decidido prácticamente duplicar la
superficie permitida de cultivo de hoja de coca»
La hoja de coca tiene en Bolivia usos tradicionales, culturales y
medicinales reconocidos en la Constitución desde 2009, pero una parte
de los cultivos es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína.
El informe recuerda que la superficie dedicada al cultivo de arbusto
de coca en el país andino aumentó de 23.100 hectáreas en 2016 a 24.500
en 2017, un incremento de 1.400 hectáreas, es decir, del 6 %.
La JIFE señala que La Paz le informó de que en 2018 habría «una
superficie de cultivo de arbusto de coca de 17.160 hectáreas destinada
al consumo (lícito), conforme a lo dispuesto en la reserva formulada
con respecto a la Convención de 1961».
El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó en 2017 la nueva Ley
General de la Coca, que subió la superficie de cultivos legales de la
planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.
Bolivia se retiró en 2012 brevemente de la Convención contra las
drogas de 1961 y volvió a adherirse en 2013, estableciendo una reserva
sobre el masticado y al uso tradicional de las hojas de coca en su
territorio.
Esa convención establece que la coca puede transformarse en cocaína y
por eso mantiene vetada su exportación, pero Naciones Unidas aceptó
que se respete la tradición de masticar las hojas de la planta en
Bolivia.
Las autoridades bolivianas indican que el aumento de la extensión del
cultivo legal con la nueva ley sólo busca actualizar las necesidades
del mercado, ya que el anterior límite de 12.000 hectáreas estaba
basado en un estudio de 1978.
