La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) expresó hoy su preocupación por la ley boliviana que amplió en 2017 la superficie de cultivos legales de la hoja de coca en el país, de 12.000 a 22.000 hectáreas.
Esta inquietud fue señalada por el organismo en su informe anual, publicado hoy en Viena y presentado también en La Paz por el representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) en Bolivia, Thierry Rostan.
Rostan recordó que la extensión permitida para los cultivos de coca se amplió de las 12.000 hectáreas establecidas en la antigua ley que regulaba la producción de la planta a 22.000 hectáreas en la norma que entró en vigor en 2017.
El organismo, dijo, está preocupado «ante la casi duplicación de la superficie total autorizada para este cultivo» en Bolivia.
«A la JIFE le preocupa que estos acontecimientos hayan afectado la capacidad del Gobierno para controlar la disponibilidad de hoja de coca para el consumo tradicional interno y aumentado el riesgo de que la hoja de coca se desvíe para la fabricación ilícita de cocaína», indicó el representante de la UNODC.
Rostan también citó la preocupación expresada por la JIFE por el aumento en un 14 % de la superficie de cultivos de hojas de coca, de 20.200 a 23.100 hectáreas entre 2015 y 2016.
La JIFE remarcó, además, que la superficie total del cultivo excedentario de coca erradicado anualmente en el país parece haber disminuido constantemente tras el máximo comunicado en 2012.
La hoja de coca tiene en Bolivia usos tradicionales, culturales y medicinales reconocidos en la Constitución vigente en el país desde 2009, pero una parte de los cultivos es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína.
El presidente Evo Morales, que aún es el máximo líder de los cocaleros de la zona central del Chapare, promulgó en marzo de 2017 la nueva Ley General de la Coca, que subió la superficie de cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.
En 2013, Bolivia volvió a adherirse a la Convención Única de Estupefacientes de 1961 de la ONU, sin renunciar al masticado y al uso tradicional de las hojas de coca en su territorio.
La citada convención establece que la coca es un estupefaciente con alcaloides que pueden transformarse en cocaína y por eso mantiene vetada su exportación, pero Naciones Unidas aceptó que se respete la tradición de masticar las hojas de la planta en Bolivia.
«La JIFE recuerda que el Gobierno boliviano manifestó su determinación de seguir adoptando todas las medidas necesarias para controlar el cultivo de la hoja de coca mediante la aplicación de las disposiciones de la Convención de 1961» para impedir «el uso indebido» de la planta, indicó Rostan.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, que asistió a la presentación del informe en La Paz, señaló que la antigua ley que regulaba la producción de coca fijó el límite de las 12.000 hectáreas basándose en un estudio de 1978.
Recordó que un estudio financiado por la UE certificó en 2014 que para todos los usos legales se necesitaban 14.700 hectáreas de las plantaciones e indicó que el Observatorio Boliviano de Drogas proyectó que son necesarias 17.160 hectáreas, teniendo en cuenta el «crecimiento demográfico» en los últimos años.
Cáceres resaltó que la Ley General de la Coca se hizo en consenso con los sectores involucrados, «respeta plenamente los derechos humanos y garantiza la paz social en las zonas productoras de coca y en el país».
Agregó que el Gobierno boliviano ha cumplido y cumplirá con los tratados internacionales para la lucha antidrogas, área a la que se ha asignado un presupuesto anual de 40 millones de dólares. EFE
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 expresó hoy su preocupación por la ley boliviana que amplió en 2017 la superficie de cultivos legales de la hoja de coca en el país, de 12.000 a 22.000 hectáreas.){kind=link}