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La lucha contra la mutilación genital femenina (MGF) en África ha visto un gran despegue en los últimos años con el compromiso de gobiernos y comunidades, pero debe acelerarse para que tenga un efecto significativo, advirtieron hoy organizaciones del continente.

“Si queremos hablar del fin de la MGF en África, hay que acelerar” la lucha, dijo hoy a Efe el doctor Peter Nguura, director de programas contra esta práctica de la ONG Amref Health, en coincidencia con el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

“Hay niñas que nacen y nacerán en estos países, así que, si no tenemos un camino acelerado de reducción, puede incluso que las tendencias positivas no tengan un efecto significativo”, alertó.

“Las niñas siguen muriendo y sufriendo y vivimos en un mundo en el que queremos que las mujeres estén calladitas y por detrás de los hombres”, consideró por su parte, en declaraciones a Efe, la fundadora de la ONG Save a Girl Save a Generation, Asha Ismail.

No hay cifras exactas de cuántas mujeres han sido sometidas a ablación, pero se calcula que al menos 200 millones de niñas y mujeres en treinta países han sufrido esta intervención, que muchas comunidades étnicas y religiosas llevan a cabo bajo la justificación de ser una “práctica tradicional”.

La lista de Estados con mayores porcentajes de prevalencia la conforman, casi en su totalidad, naciones subsaharianas, con Somalia en la cabeza, país donde se calcula que el 98 % de las mujeres de 15 a 49 años ha pasado por esta mutilación, seguida de Guinea (97 %), Yibuti (93 %) y Sierra Leona (90 %), según cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de 2016.

De estos países, Somalia y Sierra Leona destacan por no contar con leyes o artículos en el Código Penal que sancionen esta práctica, prohibida por la legislación internacional de derechos de las mujeres y el Protocolo de Maputo, que vela por esas libertades en África y se firmó en 2003 por la casi totalidad del continente.

En Somalia, la autodeclarada independiente región de Somalilandia, con 4 millones de habitantes, decidió hace un año prohibir la práctica con penas de cárcel, mediante una fetua religiosa.

En Sierra Leona, sociedades secretas como la Bondo o Sande usan la MGF como un rito de iniciación a la edad adulta, al igual que en países vecinos como Liberia, y quienes la practican ostentan mucho poder político.

Por eso, sorprendió hace dos semanas la publicación de una carta del ministro sierraleonés de Gobierno local, Anthony Brewah, en la que ordenaba “la prohibición inmediata de la iniciación en todo el país”, directriz aún no materializada en una ley y que no especifica sanciones concretas.

Las condenas por practicar la MGF difieren en los países: de entre tres meses y dos años de cárcel en Guinea, que pueden ir hasta los veinte en caso de muerte de la víctima, a cinco años de prisión en Yibuti.

En otros, como Uganda, Kenia o Camerún, las penas pueden llegar a cadena perpetua en el peor de los casos o a trabajos forzosos de por vida, como establece la ley en Senegal.

Sin embargo, la legislación, pese a ser un paso muy importante, no se llega a implementar en muchos casos.

“Incluso cuando se arresta a gente, no se llega a una sentencia, sobre todo porque la Policía no puede recoger pruebas”, explica el doctor de Amref, quien alega circunstancias políticas en las que a la élite no le interesa que haya condenas por esta práctica.

La activista keniana Ismail, que sufrió la MGF cuando era pequeña, cree que hay mucho “politiqueo” con el tema y que se debe llegar al compromiso, a la “cárcel para los culpables”, a multas para los padres y a “poner a la mujer primero”.

“Tiene que haber más implicación. Se debe apoyar a las mujeres desde las comunidades, también garantizar la enseñanza en los colegios e, incluso, un número nacional (de teléfono) que las niñas puedan usar para pedir ayuda y ser apoyadas”, manifestó.

Para la activista masái keniana Nice Leng’ete, “la práctica es una violación de derechos humanos de las niñas y perpetúa un ciclo vicioso de inequidad de género”.

Leng’ete, seleccionada en 2018 como una de las personas más influyentes por la revista “Times”, huyó cuando tenía 8 años para evitar que la “cortasen”, pues esa práctica significa para millones de niñas el fin de los estudios, el matrimonio infantil y, para muchas otras, incluso la muerte.

En ese sentido se pronunció hoy en un mensaje la embajadora de buena voluntad para África de ONU Mujeres, la gambiana Jaha Mapenzi Dukureh, víctima de MGF y de matrimonio infantil, quien dijo que, “cuando fuerzas a una niña a casarse, estás dando el derecho al hombre a violarla cada día”.




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