De las 24 víctimas infantiles, 21 eran varones y 3 mujeres; 9 tenían 17 años, 4 tenían 16, 6 tenían 15, uno tenía 14, uno tenía 11, una tenía cinco, dos no llegaban a los dos años, según la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
Niños sobrevivientes abundan. Uno de 14 años sobrevivió a un disparo que le atravesó el pecho, dos pequeños fueron expulsados a tiros de un parque por policías, y 400 escaparon de un albergue amenazado en la ciudad de León.
"Esto es parte de la agresión desmedida que hay, sin discriminación por edad, en el país, todo el sistema de protección integral para la niñez está desarticulado, entonces no hay un sistema que proteja sus vidas", dice a Efe la integrante del Consejo de Coordinación de Codeni, Audilia Amaya.
La dirigente de Codeni también lamenta que no haya agentes policiales acusados, a pesar de las evidencias, y que ninguna institución gubernamental relacionada con la protección de la niñez lamente las muertes, ni los casos de adolescentes llevados a cárceles de tortura, o los 43 niños que han quedado huérfanos.
El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Juan Carlos Arce, calificó la situación, en especial la calificación de "suicidio", como "aberrante, absurdo, burdo. Tenemos un Estado confabulado para promover impunidad en estos casos".
Nicaragua lleva más de dos meses en la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en reclamos de la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
