(Foto referencial)

La ONU se declaró «conmocionada» este jueves por la muerte de 68 personas tras un incendio originado durante el motín en calabozos de la Comandancia General de la Policia y pidió al Gobierno una investigación.

«Estamos conmocionados por estas terribles muertes, de al menos 68 personas en Venezuela por este incendio en este recinto», indicó la oficina de derechos humanos de la ONU, en un comunicado.

«Pedimos a las autoridades venezolanas que lleven a cabo un rápida y completa investigación para establecer la causa de estas muertes», indica la ONU.

También exhorta a Caracas a «otorgar indemnizaciones a los familiares de las víctimas e (…) identificar y llevar ante la justicia a los responsables» de la tragedia.

Según Carlos Nieto,  director de la ONG Ventana a la Libertad, la causa fue el hacinamiento que se registra en ese y otros centros de detención provisional, donde legalmente los detenidos no deben pasar más de 48 horas pero permanecen durante meses.

«Los reclusos intentaron  secuestrar a dos policías. Al no lograrlo armaron un motín y decidieron quemar los colchones pensando que de esa forma les iban a abrir la puerta. Las rejas nunca se abrieron», declaró este jueves Carlos Nieto.

Según esta ONG que defiende los derechos de los presos, las llamas fueron iniciadas por un grupo de detenidos que planeaba fugarse.

Este organismo internacional solicitó a las autoridades venezolanas que lleven a cabo un rápida y completa investigación para establecer la causa de estas muertes. También exhorta a Caracas a «otorgar indemnizaciones a los familiares de las víctimas e (…) identificar y llevar ante la justicia a los responsables» de la tragedia.

Según Carlos Nieto,  director de la ONG Ventana a la Libertad, la causa fue el hacinamiento que se registra en ese y otros centros de detención provisional, donde legalmente los detenidos no deben pasar más de 48 horas pero permanecen durante meses.

El suceso es uno de los más mortíferos en el largo historial de incidentes carcelarios de Venezuela, y reflotó la grave situación de las prisiones del país, que se cuentan entre las más violentas de la región.

La ONU también pidió a las autoridades venezolanas que se «respete el derecho de las familias» de las víctimas «a recibir información y a reunirse pacíficamente».

 




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