Brasil amaneció ayer con manifestaciones y paralizaciones en el marco de la segunda huelga general contra las reformas económicas del presidente del país, Michel Temer, pero la adhesión al paro fue menor que la del pasado 28 de abril.
La huelga fue convocada por las centrales sindicales contra la reforma laboral y del sistema de pensiones propuesta por el Ejecutivo para reequilibrar las maltrechas cuentas públicas del país.
En Sao Paulo, el corazón financiero e industrial del país y también fortín de las mayores centrales obreras, y Río de Janeiro los sindicatos del transporte no se han adherido a la huelga, lo que rebajó fuertemente el impacto de la paralización.
A pesar de la circulación de autobuses y metro, algunos huelguistas bloquearon importantes avenidas de la capital paulista e hicieron barricadas con fuego para impedir el paso de vehículos, lo que provocó un enfrentamiento con la policía en el centro de la ciudad.
En Río de Janeiro, grupos de personas cercaron varios puntos estratégicos de entrada y salida de la ciudad, como la Línea Vermelha o la Avenida Brasil, provocando colas de hasta 50 kilómetros, pero la mayoría de los servicios, incluido el bancario, funcionaban con normalidad antes del medio día.
En Brasilia, la huelga se sentía con cierta intensidad sobre todo por la plena adhesión de los gremios del transporte, que paralizaron el metro y casi la totalidad de las líneas de autobuses.
Aunque no estaban programadas manifestaciones, las autoridades bloquearon el tránsito por la Explanada de los Ministerios, céntrica avenida en la que se sitúan todos los edificios del poder público, en la que la seguridad fue reforzada con dos mil 600 policías.
El presidente Temer no tenía previsto hoy ningún acto público y el único compromiso registrado en su agenda era una reunión con el ministro de Seguridad Institucional, Sergio Etchegoyen.
La huelga, aunque más débil que la del 28 de abril, supone una nueva prueba de fuego para el presidente, acorralado por un escándalo de corrupción que ha llevado a la Fiscalía a presentar una denuncia por corrupción pasiva.
A pesar de los problemas judiciales, Temer intenta sacar adelante las polémicas reformas, las cuales están respaldadas por las patronales y duramente criticadas por los sindicatos.
La principal causa del descontento es una polémica reforma de las leyes que rigen el sistema de jubilación, la cual propone aumentar la edad para acceder a ese beneficio, pero el malestar también ha sido alimentado por otras medidas impulsadas por el Ejecutivo.
Entre ellas, figuran una reforma laboral que abarata la mano de obra al darle carácter formal a convenios colectivos aún cuando no se ajusten a la ley y eliminar la contribución obligatoria de los trabajadores a los sindicatos, que así perderían poder económico.
También incide en el descontento otra reforma ya sancionada por el Gobierno, la cual permite que las empresas conviertan a todos sus empleados en personas jurídicas o prestadores de servicios para todo tipo de actividad.
