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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este lunes el uso de demandas judiciales por difamación contra los periodistas Óscar Castilla y Edmundo Cruz Vilchez para “intimidar” sus denuncias sobre corrupción y crimen organizado.

“De nuevo vemos con impotencia la larga tradición que existe en Perú en cuanto al uso inhibitorio de las demandas contra periodistas para frenar sus investigaciones”, criticó María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP.

Castilla, director del portal Ojo-Público.com, y Cruz Vilchez, del diario La República de Lima, fueron demandados por el empresario Miguel Arévalo Ramírez por trabajos periodísticos que lo vincularían con el crimen organizado.

Domínguez señaló que estas medidas buscan “obligarlos a ejercer autocensura”.

La SIP, con sede en Miami, precisó que Arévalo ha presentado diez denuncias con demandas millonarias contra diversos medios, según el Consejo de la Prensa Peruana.

Recordó que el pasado 8 de abril el periodista Pedro Salinas fue sentenciado a un año de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) y al pago de una multa de más de 20.000 dólares en una demanda por difamación presentada por una alta autoridad de la Iglesia católica supuestamente relacionada a un caso de encubrimiento de abusos sexuales.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, reiteró el llamado del gremio a la rigurosidad de los jueces penales a la hora de “examinar y aceptar demandas contra periodistas”.

Lamentó que estas demandas son utilizadas “para frenar investigaciones periodísticas sobre corrupción y otros delitos”.

“Es deber de los jueces revisar y analizar los méritos de las demandas antes de exponer a los periodistas a medidas preventivas y la cancelación de sus trabajos, en violación al derecho de libertad de expresión y de libertad de prensa”, reiteró Rock. EFE




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