La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se solidarizó este viernes con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de Nicaragua, que anunció la suspensión de sus operaciones tras negarse a funcionar bajo una polémica ley aprobada por el gobierno de Daniel Ortega.
«Este nuevo golpe contra la libertad de expresión deja a Nicaragua sin una de sus voces más potentes a favor del periodismo libre y la libertad de expresión», subrayó la SIP en un comunicado.
La organización, con sede en Miami, se refiere a la ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en diciembre pasado en Nicaragua.
La iniciativa busca «controlar las operaciones financieras y las actividades que realicen asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras para poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua».
Recordó que el nuevo estatuto exige inscribirse como «agente extranjero» y declarar cualquier donación que se recibe, la que deberá ser aprobada por el Ministerio de Gobernación. El plazo para la inscripción vencía hoy 5 de febrero.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertada de Prensa e Información, Carlos Jornet, lamentaron que la fundación se vio obligada a tomar esa «difícil decisión».
«Nos solidarizamos con la Fundación, entidad que ha demostrado su compromiso con las libertades de expresión y de prensa, convirtiéndose desde hace más de 20 años en una referencia indispensable sobre lo que sucede en Nicaragua», destacaron ambos directivos.
Expresaron su confianza de que la fundación «pueda retomar pronto sus actividades a favor del pueblo nicaragüense».
También indicaron su temor a que en otros países se pudieran imponer restricciones similares, como en su momento también existieron en Bolivia, Ecuador y Venezuela. EFE
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