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La oposición, dividida y con una crisis de liderazgo, deberá resolver si participa en las presidenciales del 22 de abril, unas elecciones que auguran más aislamiento internacional para el gobierno de Nicolás Maduro y deterioro económico.

Los adversarios de Maduro recibieron como un mazazo la decisión del poder electoral de fijar la fecha de los comicios anticipados, tras naufragar el miércoles una negociación con el gobierno para consensuar ese punto y las garantías del proceso.

Somos como boxeadores que hemos recibido tantos golpes que estamos aturdidos, admitió este jueves Julio Borges, jefe negociador de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que acusa el ente electoral de servir al gobierno

Como un primer sacudón, Borges anunció reuniones entre líderes de la MUD y sectores sociales para trazar el camino a seguir, además, de una nueva gira internacional para denunciar la crisis política y socioeconómica.

Y reconociendo que uno de los mayores escollos de la alianza son sus divisiones, llamó a la unidad para impedir la reelección de Maduro por seis años. Sin unidad, estamos muertos, advirtió.

Maduro dijo este jueves estar dispuesto a continuar el diálogo, si la oposición firma el documento que surgió de las negociaciones. Firmen el acuerdo. Si hay nuevos temas, los seguimos conversando, acotó.

El adelanto de las votaciones fue rechazado por Estados Unidos y la Eurocámara, que prometieron no quedarse de brazos cruzados.

 El dilema 

La MUD, integrada por una treintena de partidos, está dividida por diferencias sobre la estrategia para sacar a Maduro del poder, objetivo que tuvo un capítulo dramático en 2017 con protestas que dejaron unos 125 muertos.

Y luce débil, con sus principales líderes inhabilitados políticamente y la desconfianza de un sector por haber dialogado con un gobierno al que tilda de dictadura.

Con las elecciones encima, está en la encrucijada de ir o no a las urnas. Pero tiene otro desafío, elegir un aspirante de consenso con el tiempo en contra, pues las inscripciones serán del 24 al 26 de febrero.

Borges citó dos escenarios que analizan, marginarse o inscribir un candidato para evidenciar las irregularidades del proceso.

Un consenso luce complejo, lo cual favorece la aspiración de Maduro, quien arrastra un enorme rechazo popular por la crisis económica, pero ha sabido resquebrajar a sus enemigos, según analistas consultados por la AFP.

“Está claro el triunfo de Maduro, a no ser que la oposición logre alguna decisión unitaria”, opinó la politóloga Francine Jácome.

Con riesgo de mayores quiebres, las fuerzas opositoras no deberían participar, estima el politólogo Leandro Area. “No se trata de abstenerse, sino de no ser copartícipe de un fraude”, dijo.

Pero otros expertos como Luis Salamanca observan que el camino electoral es el que tiene más posibilidades de generar cambios, sin excluir la presión de calle y diplomática.

Impacto demoledor 

La participación de la MUD chocaría con la advertencia de varios países de no reconocer unas elecciones convocadas por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que rige con plenos poderes, a la que consideran ilegítima.

Washington manifestó este jueves que seguirá presionando al régimen de Maduro para restablecer la democracia, mientras la Eurocámara anunció que solo reconocerá unos comicios con condiciones equitativas, justas y transparentes y pidió sancionar a Maduro.

Estados Unidos, a su vez, amenaza con restringir las importaciones petroleras desde Venezuela.

Maduro acusa al gobierno de Donald Trump de propiciar su derrocamiento mediante una guerra económica para apoderarse de la mayor reserva petrolera del mundo.

“Una elección planteada en estos términos no le brindará a Maduro legitimidad de origen ante la comunidad internacional”, apuntó Jácome.

“Es difícil imaginar que pueda mantenerse en el poder en estas condiciones más allá de uno o dos años”, estimó la consultora Eurasia Group, aunque señaló que es improbable un cambio de régimen en estos comicios.

A la crisis se sumó este jueves la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir exámenes preliminares por presuntos crímenes en Venezuela durante las protestas de 2017. El gobierno la rechazó.

Maduro basa su fortaleza en un férreo control institucional, que incluye a los militares.

Sin embargo, ese enorme poder no frenó el derrumbe económico, dependiente de la mermada renta petrolera, el país está en recesión desde 2014, la hiperinflación escalaría a 13.000% este año según el FMI, y la escasez de alimentos y medicinas es crónica.

Ello ha generado una diáspora, especialmente hacia la vecina Colombia, que este jueves anunció mayores controles en la frontera.

“El impacto esperado es demoledor” para la economía, sin garantía de cambio político, advirtió el presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.




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