El Gobierno de Nicolás Maduro ha enfrentado este octubre un oscuro mes con los avances en los procesos de extradición a Estados Unidos de tres personas vinculadas a la Administración chavista que pueden revelar información sensible que le afecten interna y externamente.
Álex Saab, Claudia Díaz y Hugo «el pollo» Carvajal son los vinculados al Ejecutivo que están en la mira de la Justicia estadounidense por delitos de corrupción o narcotráfico.
Aunque Saab, presunto testaferro de Maduro, fue extraditado el pasado 16 de octubre, Díaz y Carvajal -extesorera de la nación y exjefe de Contrainteligencia, respectivamente- están en proceso de entrega desde España, país que anunció su disposición para cederlos a la Justicia norteamericana.
Sin embargo, el caso que más preocupa al Gobierno es el de Saab, un empresario colombiano que tramitaba para Venezuela la compra de alimentos sorteando las sanciones de EE.UU. y que fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde cuando hacía escala aérea.
SAAB, EL CENTRO DE ATENCIÓN
Saab, cuyo nombre comenzó a conocerse en 2017 cuando la exfiscal Luisa Ortega Díaz lo señaló como testaferro del mandatario, es hoy defendido por el Gobierno como el «héroe» que ayudó a Venezuela a importar alimentos para mitigar la crisis.
Y las autoridades norteamericanas lo investigan por legitimación de capitales, al acusarlo de siete cargos de lavado de dinero y uno de conspiración.
Pero Maduro defiende su inocencia y, en un intento por lograr su liberación, lo nombró diplomático cuando ya estaba preso en Cabo Verde, lo que llevaría aparejado, en circunstancias normales, inmunidad automática. Pero no sirvió.
Este nombramiento fue, según el analista político Nicmer Evans, producto de su «desesperación», por ser la «clave de un entramado de colocación (…) de los recursos que se han extraído de Venezuela y que han ido colocando en todos los paraísos fiscales en el mundo».
El intento por evitar la extradición llegó, incluso, a manos del exjuez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, a quien se encargó su defensa mientras estaba preso, y peleó contra viento y marea, sin lograr su objetivo.
También se activó la maquinaria chavista en redes, llegando a posicionar etiquetas en pro de la liberación de Saab, así como la promoción de movilizaciones y campañas en medios de comunicación oficialistas. Tampoco fue suficiente.
CARVAJAL, DE PATRIOTA A TRAIDOR
La defensa a ultranza de Saab no se vio replicada en el que fuera jefe de Contrainteligencia del Gobierno.
«Lo que le preocupa a Maduro es el entramado de todos los reales que tiene fuera, así que difícilmente hoy salga a la defensa del que ellos mismos han considerado un traidor», explica Evans -también exasesor del chavismo-, al recordar que el militar rompió con el Gobierno y salió del país.
Sin embargo, -agrega- no significa que no tenga información sensible, ya que «es una pieza clave en información de inteligencia y contrainteligencia que era lo que él manejaba (…) quizás también en el área de derechos humanos podrá aportar algún elemento».
Carvajal fue detenido en abril de 2019 en España a petición de EE.UU., y liberado cinco meses después, luego de que la Audiencia Nacional rechazara extraditarlo por considerar que se trataba de «motivación política».
Posteriormente, el alto tribunal acordó entregar al exgeneral, pero se había fugado. El pasado septiembre fue detenido de nuevo y su extradición fue aprobada hace menos de una semana, y suspendida horas después, por un defecto de forma, aunque esta decisión no es definitiva.
EE.UU. busca a Carvajal desde 2014, cuando fue detenido en Aruba. Su detención duró apenas tres días, pues había sido nombrado cónsul de Venezuela en la isla en enero de ese año, pero para entonces, no tenía credenciales diplomáticas.
Tras su liberación, volvió a Venezuela y fue recibido como un «patriota». Tres años después, mostró sus diferencias con el Gobierno y fue tildado de traidor.
La situación es distinta en el caso de Díaz. A la extesorera, Venezuela también la reclama por legitimación de capitales, pero su extradición fue rechazada por España atendiendo a la situación de su país. La también exmilitar alegó persecución política.
EE.UU. la solicita, igualmente, por blanqueo de capitales y organización criminal por haber favorecido al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó a éste ganancias de millones de dólares.
Aunque Díaz no tiene defensa del Gobierno, el experto en derecho internacional Mariano de Alba cree que todas las extradiciones abren la posibilidad de conocer información sensible.
Esto «dificultará, uno: la evasión de las sanciones estadounidenses. Y dos: los vínculos que viene desarrollando el Gobierno con países aliados, como Rusia, como China, como Turquía, como Irán», indicó De Alba.
