Las Fuerzas Armadas de Zimbabue se rebelaron hoy contra el Gobierno de Robert Mugabe y tomaron el control del país, tras confinar al presidente en su casa y arrestar a varios de sus ministros, todos ellos identificados con la facción del oficialismo alineada con la primera dama, Grace Mugabe.
Aunque los portavoces militares insistieron, en un mensaje televisado la pasada madrugada, en que no se trata de un golpe militar para tumbar al Ejecutivo, sino de una operación contra «criminales» del entorno del mandatario, el presidente de la vecina Sudáfrica, Jacob Zuma, confirmó que Mugabe se encuentra retenido en su residencia, pero que está bien.
«Esto no es una toma militar del Gobierno. Lo que estas fuerzas quieren es pacificar una situación degenerada política y socialmente en nuestro país que, si no es tomada en cuenta, podría resultar en un conflicto violento», afirmó un portavoz castrense en esa intervención, único pronunciamiento oficial realizado hasta ahora por las fuerzas sublevadas. «Tan pronto como hayamos cumplido nuestra misión esperamos que la situación retorne a la normalidad», agregaron y llamaron a todas las fuerzas de seguridad a cooperar por el bien del país.
Los militares bloquearon los accesos a los edificios oficiales y confinaron a Mugabe en su residencia.
Pese a la incertidumbre política, las calles permanecieron en relativa calma, según medios locales, que durante la noche entre el martes y el miércoles habían reportado algunas explosiones aisladas en la capital, Harare, de procedencia desconocida.
Durante la jornada, como confirmaron medios locales, se arrestó a tres ministros: el de Educación, Jonathan Moyo; el titular de Local, Obras Públicas y Vivienda, Saviour Kasukuwere, y el de Finanzas, Ignatius Chombo.
Todos ellos son afines a las aspiraciones políticas de la primera dama, quien sonaba como candidata a vicepresidenta después de que su marido destituyese del cargo la semana pasada a Emmerson Mnangagwa.
Precisamente, la expulsión del vicepresidente -un incondicional del partido gobernante y veterano de guerra que estaba en las quinielas para suceder a Mugabe (de 93 años y en el poder desde 1980)- se interpreta como el detonante principal de la crisis.
La escalada de la tensión había comenzado el martes, cuando varios tanques fueron vistos en dirección a Harare.
Un día antes, el jefe de las Fuerzas Armadas del país, Constantine Chiwenga, había advertido en una comparecencia pública de que se tomarían medidas correctivas si continuaba lo que consideraba una purga de los miembros veteranos en el partido que lidera Mugabe, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF).
«Es pertinente reiterar que las fuerzas de defensa de Zimbabue permanecen como el principal depositario en lo que respecta a los logros de la lucha por la liberación. Y cuando estos están amenazados estamos obligados a tomar medidas correctivas», aseveró Chiwenga, flanqueado por los líderes del Ejército y las Fuerzas Aéreas.
Mnangagwa, por su parte, había huido a Sudáfrica la semana pasada y, en un comunicado, había afirmado: «Pronto controlaremos los resortes del poder en nuestro bello partido y país».
Las palabras del jefe de las Fuerzas Armadas fueron consideradas en el país como un ataque directo a la facción del ZANU-PF alineada con Grace Mugabe, quien desempeñó un rol determinante en la salida de Mnangagwa, tras meses de ataques verbales.
Al contrario que el exvicepresidente, la mujer de Mugabe, de 52 años, y sus aliados no sirvieron en la guerra por la independencia del país.
De hecho, la Asociación Nacional de Veteranos de la Guerra de Liberación de Zimbabue (ZNLWA, en sus siglas en inglés) exigió hoy la dimisión del presidente, en una muestra clara de la polarización que viven las élites políticas y militares zimbabuenses.
La primera dama, sin embargo, cuenta con el respaldo de las influyentes facciones de las juventudes del partido y de las mujeres.
La comunidad internacional sigue con atención los acontecimientos y pide una solución pacífica a la crisis.
Tanto la Unión Africana como la Unión Europea, gobiernos nacionales a título particular y organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, manifestaron su preocupación por el respeto a los principios constitucionales y a los derechos humanos en el país
