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El Consejo Legislativo del Estado Carabobo aprobó este martes cuatro créditos adicionales solicitados por el gobernador Francisco Ameliach,  para la ejecución de obras de infraestructura.

El Legislador José Manuel Flores, presidente de la Comisión De Contraloría, Finanzas y Presupuesto, presentó un informe mediante el cual propuso la aprobación de un crédito adicional al presupuesto de estado, por la cantidad de 722.976 bolívares, los cuales están dirigidos a la ejecución de diversas obras en Carabobo.

El parlamento también le dio el visto bueno a otro crédito, por ocho millones 084.983 bolívares, que se utilizarán para culminar la instalación del alumbrado y mantenimiento integral  en la autopista Valencia-Puerto Cabello, a nivel del peaje La Entrada, sector Taborda.

Igualmente fue aprobado un crédito más por 26 millones 490.529 bolívares, que será dirigidos a la rehabilitación y mejoras de la rampa de acceso al Distribuidor Fábrica de Cemento (Las Chimeneas).

El otro crédito aprobado fue por sesenta y un millón 822.207 bolívares, destinados a la construcción del puente sobre el río Guacara, así como para la ampliación del hospital Doctor Miguel Malpica de esa mismo municipio, y para la rehabilitación y mantenimiento del  pozo de agua en el sector Canaposare, en el municipio Libertador.

CASO SURAMERICANA DE SOPLADOS

La cámara acordó además enviar una comunicación a la ministra del despacho de la Presidencia de la República,  Carmen Meléndez y al Presidente Nicolás Maduro, para que sepan que los trabajadores de la empresa Suramericana de Soplados, fueron desalojados supuestamente en forma arbitraria. Ocupaban las instalaciones de la compañía desde 2014.

El legislador Arvilio Hidalgo, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales, presentó un informe elaborado por la comisión mixta designada por la cámara el pasado 13 de diciembre, para que investigue lo que ocurrió con estos trabajadores, quienes a través de la autogestión lograron la reactivación de la planta, luego del cierre patronal del pasado 29 de noviembre de 2014 considerado por éstos de ilegal.

Hidalgo aseguró que los trabajadores habían garantizado las operaciones de la compañía, luego que el dueño decidió clausurarla, no obstante, que producía tanques de gasolina para la industria automotriz con total normalidad y que contaba con materia prima para garantizar la producción.

E legislador citó que los trabajadores fueron desalojados por una medida judicial y hasta el momento no se ha podido reactivar la empresa. Refirió que la comisión especial constató que se sacó incluso la maquinaria, los trabajadores fueron desalojados por un amparo.

La comisión se reunió con ellos, así como con los abogados y el fiscal superior, puesto que hay  acusaciones de extralimitación de funciones por parte de funcionarios de la Guardia Nacional.

La presidenta Flor García tomando en cuenta el mandato de la cámara de designar la comisión y tras recibir el informe con el resultado del trabajo realizado, sometió a consideración las recomendaciones hechas por la comisión mixta integrada por las  comisiones de asuntos laborales y la de desarrollo social e integral del parlamento, para elevarlas a los niveles de Presidencia y el Ministerio del Trabajo.




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