La docente venezolana y defensora de derechos humanos Vannesa Rosales, quien había resultado acusada de ayudar a interrumpir el embarazo de una niña abusada en el estado andino de Mérida, quedó liberada este miércoles, informaron varias ONG.
«Vannesa Rosales está libre», escribió en Twitter la ONG 100 % Estrógeno, que busca la visibilización y defensa de los derechos de la mujer, antes de agregar que constituyó «un logro de todo el movimiento feminista nacional e internacional».
Celebramos la libertad de #VannesaRosales, ella nunca debió ser criminalizada por su labor como defensora de los derechos de las mujeres. Felicitaciones al extraordinario equipo de @100Estrogeno, @AVESAONG y a todas las orgs que hicieron esto posible. https://t.co/0fuz36lknv
— Marcia Aguiluz (@MarciaAguiluz) July 21, 2021
Tras conocerse la liberación, la ONG Provea escribió en Twitter que Rosales «nunca debió estar presa por ayudar a una niña de 13 años a abortar luego de que resultar víctima” de abuso.
La ONG aseguró que el criminal que atacó a la niña “sigue libre», por lo que «el caso de abuso sigue impune».
Vanessa Rosales fue puesta en libertad tras 8 meses.
Nunca debió estar presa por ayudar a una niña de 13 años a abortar luego de que fuese víctima de una violación.
El violador sigue libre. El caso de abuso sigue impune.
Defender derechos humanos NO es delito. Justicia pic.twitter.com/x8pS96iZBO
— PROVEA (@_Provea) July 21, 2021
La docente terminó detenida el 12 de octubre de 2020 por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y, desde el 11 de enero de 2021, se encontraba bajo arresto domiciliario.
Falsos argumentos de la acusación
A Rosales se le acusó de los delitos de asociación para delinquir y por provocar el aborto de otra persona con su consentimiento, una de las causales que establece la legislación venezolana para castigar la interrupción del embarazo, un escenario prohibido incluso cuando hay inviabilidad del feto o en casos de violación.
Las autoridades, según información difundida por medios locales, acusaron a la activista de haber cobrado por el suministro de la pastilla y por supuestamente poseer 600 dosis de este tipo de medicamento, una aseveración que la defensa negó y señaló como «falsa».
En enero, Venus Faddoul, abogada defensora de Rosales, dijo a EFE que «Vannesa tiene muchos años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres» y destacó que «ella nunca cobró por nada».
Además, aseguró que, según una revisión médica, el feto «estaba condenado a morir» pues la niña «no tenía el útero desarrollado». EFE
