Un juez belga dejó este viernes en libertad al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont y a cuatro consejeros hasta el 4 de diciembre, fecha en la que un juez deberá decidir sobre la extradicción del mandatario catalán y los funcionarios.
La decisión se produce luego que el Presidente catalán y los cuatro consejeros que se encuentran en Bruselas comparecieran ante el juez belga que debe decidir si ejecuta la Orden Europea de Detención y Entrega emitida por la juez española Carmen Lamela el pasado 3 de noviembre.
Según informaron los abogados al final de la comparecencia, el juez dio un plazo hasta el 4 de diciembre a los defensores para que presenten alegaciones a las peticiones de la Fiscalía. Ese día, el tribunal podría tomar una decisión inmediata o aplazarla durante unos días para estudiar la documentación aportada por las partes, reporta el portal español Telecinco.
La Fiscalía belga se ha mostrado de acuerdo con la entrega a España de Puigdemont y de los cuatro consejeros que le acompañan en la capital belga por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación, según manifestó el abogado Christophe Marchand.
La declaración del juez belga se produce un día después de que las autoridades judiciales españolas respondieran al requerimiento de las belgas sobre información tanto judicial como penitenciaria, para considerar el trato que podría recibir Carles Puigdemont.
Puigdemont viajó a Bruselas el pasado 31 de octubre, junto a los cuatro consejeros: Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsati.
El pasado 5 de noviembre un juez belga dejó en libertad provisional al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros cuatro consejeros catalanes, horas después de que estos políticos, acompañados por sus abogados, se presentaran de forma voluntaria ante la policía federal de Bélgica por una citación de la Fiscalía que responde a la orden de detención y extradición emitida por el Gobierno de España.
El 1º de octubre en Cataluña se realizó un referendo consultivo donde 90% de los catalanes votaron a favor de la independencia de la actual comunidad autónoma dependiente del reino de España. A pesar de esa voluntad popular expresada, la Monarquía española y su Gobierno se negaron a dialogar en igualdad de condiciones políticas, e incluso el jefe del Gobierno español, Rajoy aseguró que impediría la declaración de independencia «a toda costa».
Rajoy, fundamentado en acciones establecidas en el artículo 155 de la Constitución española, disolvió el 27 de octubre al Parlamento de Cataluña, luego de que esta instancia declarara su independencia con 70 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco, lo que permite su separación de España y declarar a Cataluña como Estado independiente y soberano.
